Como se recordará, el pasado 1 de noviembre, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -asociación mayoritaria de los jueces, con más de 1.400 magistrados asociados- emitió un durísimo comunicado contra la ley de amnistía a los delincuentes del procés que ultima Pedro Sánchez con el fugitivo Carles Puigdemont y que va a ser registrada de forma inminente en el Congreso para su tramitación. 

"Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho". El comunicado considera que una ley así "no es admisible en la Constitución Española de 1978", porque choca con sus elementos esenciales, entre ellos la igualdad o la separación de poderes. La asociación ve "inaceptable e inasumible en una democracia plena" que se vaya a tramitar una norma que libre "solo a unos pocos" de sus responsabilidades penales. "Es el principio del fin de nuestra democracia”, añade. 

El pasado lunes 6, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, apuntó a Carles Puigdemont y a Marta Rovira como como incitadores a la violencia que vivió Cataluña con el Tsunami Democratic. Es decir, como presuntos autores de un delito de terrorismo. 

Poco después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba que recurrirá el auto del juez García-Castellón. La Fiscalía considera que la causa sobre los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019 debería ser instruida en Barcelona. 

También ese mismo día, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido en sesión extraordinaria,  aprobó -con 9 votos a favor, 5 en contra y uno en blanco- una declaración institucional muy dura contra la amnistía que prepara Pedro Sánchez a los delincuentes del 'procés'.

Entre otras cosas, el CGPJ dice cosas como las siguientes: "En la medida en que esas declaraciones no se respaldaban con una manifestación del Presidente del Gobierno en funciones, este Consejo ha preferido mantenerse en una actitud de prudente expectativa. El silencio del Presidente del Gobierno en funciones, sin embargo, se rompió el pasado sábado 28 de octubre y en una declaración personal de amplia difusión pública ha afirmado dos cosas: la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida; la segunda, que la medida se adoptará en ‘interés de España’ para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral. (...)

"En cualquier caso, la aprobación de una ley de amnistía, cualquiera que fuese su fundamentación, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos, entra en conflicto con principios constitucionales diversos, como seguidamente se pondrá de manifiesto, entre ellos el de exclusividad de la jurisdicción, que justifican que este Consejo, como órgano constitucional cuya misión esencial es velar por la independencia judicial, exprese su preocupación ante la inminente tramitación de aquélla".

"Expuestas las anteriores consideraciones, el Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España". 

"Confundir el 'interés de España' con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.  Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora. Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional, porque nada impediría que mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales, al amparo de que una norma con ese rango no puede ser cuestionada por los ciudadanos".  

"Este Consejo General del Poder Judicial no puede dejar de señalar que lo que se violenta con la medida anunciada por el Presidente del Gobierno no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial.  El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el 'interés de España’”.

Por otra parte, más de 200 personas han firmado un manifiesto que sí defiende la amnistía. Entre ellos, hay juristas como el exjuez Baltasar Garzón, la exvocal del CGPJ Concepción Sáez, constitucionalistas como Javier Pérez Royo y Joaquín Urías, y representantes políticos de Sumar, como Jaume Asens, Enrique Santiago y María Eugenia Rodríguez Palop, o Gerardo Pisarello, diputado de los comunes.

El manifiesto -titulado ‘Juristas por la Amnistía, la democracia y la Convivencia’- señala, entre otras cosas: "Los objetivos de las amnistías, según el derecho internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país.

“La Constitución no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales firmes. La prohibición del indulto general no impidió que el 1 de diciembre de 2000, un solo Consejo de Ministros del Presidente Aznar (PP), aprobara 1.443 indultos, sin alegar ningún motivo de interés general. Tampoco se opuso el PP al indulto del que se benefició el general Armada en el año 1988, condenado a 30 años de cárcel por ser el máximo responsable del intento del Golpe de Estado de Febrero de 1981 en el que fuerzas militares secuestraron a todo el Gobierno y a todo el poder legislativo".

"No puede sino calificarse de pura demagogia que organizaciones de juristas con meros fines partidistas califiquen de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías cualificadas".

"Estos motivos nos mueven a apoyar públicamente que la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una Ley de Amnistía para contribuir a normalizar la situación política entre Catalunya y el Estado. Pedimos que cesen los intentos desestabilizadores y los ataques al normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, permitiendo que sean, respectivamente, los procesos parlamentarios y de control constitucional por el Tribunal Constitucional quienes decidan sin presiones ni injerencias sobre la aprobación de leyes y el examen de su constitucionalidad, si correspondiera”.

Un apunte: lo de Baltasar Garzón apoyando la amnistía resulta curioso, porque antes decía esto: “Desde mi punto de vista, (la amnistía) es prácticamente inviable dentro del marco constitucional”.

¿Habrá “cambiado de opinión”, como su mentor, Pedro Sánchez?

Lo curioso es que uno de los argumentos que esgrimen Sánchez y el PSOE para conceder la amnistía es contribuir a “pacificar” y “normalizar” la situación que se vive en Cataluña. Cosa altamente dudosa, porque fue el mismo argumento que utilizaron para justificar los indultos y la reforma del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Es decir, pretendían acabar con las reivindicaciones nacionalistas porque así los ‘indepes’ ya estarían satisfechos. Y no ha sido así. Porque los ‘indepes’ siguen exigiendo cosas. 

Relacionado

Además, como se suele decir, Sánchez ‘hace un pan con unas tortas’ porque además de no pacificar Cataluña, consigue dividir todo lo que toca: lo hizo en su día con su propio partido (pretendiendo votar en una urna escondida en una habitación); y ahora lo está haciendo con el poder judicial (fiscales contra jueces, jueces entre sí) y por supuesto, está dividendo a la sociedad española.