El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido hoy un encuentro, en el Complejo de la Moncloa, con representantes del Patronato de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, a los que ha trasladado el apoyo del Gobierno y su compromiso con todas las iniciativas que contribuyan a mantener viva la memoria de los hechos, a deslegitimar el terrorismo, y a seguir situando a las víctimas en el centro de sus preocupaciones.

Recordemos que la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT) "es una fundación del sector público estatal de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Está adscrita al Ministerio del Interior".

O sea, que es más bien una Fundación progubernamental.

Por eso Sánchez se ha reunido con ellos y durante la reunión, el jefe del Ejecutivo recordó que el terrorismo en nuestro país suma más de 1.400 muertes y más de 5.000 heridos y que en este 2024 se han cumplido veinte años del atentado del 11 de marzo de 2004, el mayor que ha sufrido España en su historia. "Es nuestro deber -dijo- mantener en nuestra memoria a todas las víctimas".

En este sentido, Sánchez ha subrayado que la protección de las víctimas del terrorismo y de sus familias es un “deber moral” para el Gobierno de España.

Lo que no ha dicho Sánchez es que ha llegado al Gobierno gracias a un pacto con EH Bildu -la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista, una banda criminal que tampoco ha ayudado a esclarecer los asesinatos de ETA que quedan sin resolver- y que las víctimas del terrorismo están que trinan por ello y con las políticas de Sánchez con los presos etarras, pactadas con el PNV y con EH Bildu.

Por ejemplo, en febrero de este año, la AVT -por boca de su presidenta Maite Aralucel- espetaba al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska: “Cómo es posible que admita como socios de gobierno a aquellos que él encarcelaba cuando era juez”. "Pedimos y exigimos que a Bildu se le aísle políticamente y no sea considerado como un agente político más" como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Con la Ley de Partidos en la mano Bildu no cumplía los requisitos para que hubieran sido legalizados", añadió Araluce.

Además, recientemente, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denunciaba que el Gobierno vasco (PNV y PSOE) está siguiendo una estrategia «deliberada y cada vez más acelerada» de concesiones de terceros grados a miembros de ETA que no están arrepentidos de sus crímenes. COVITE criticaba que estas «excarcelaciones encubiertas» de presos de ETA se estén produciendo ante «un silencio generalizado y atronador». «Ni el PSE, socio de Gobierno del PNV en la anterior legislatura y en la próxima, ni los partidos de oposición, ni las asociaciones de víctimas -excepto COVITE- están diciendo absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA. Todos aquellos que clamaban contra los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas, cuando no es un derecho de las víctimas elegir en qué cárcel deben cumplir su pena, ahora callan ante estas concesiones de terceros grados. ¿Por qué? ¿Acaso no es mucho más grave que se excarcele a los presos de ETA burlando nuestras leyes, que el hecho de que sean trasladados de una cárcel a otra?», censuraba Consuelo Ordóñez. «Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar, que era la excarcelación de sus presos con trampas al Estado de Derecho».

O como denunció la Asociación Dignidad y Justicia en abril de este año, Sánchez vuelva a utilizar a la Fiscalía para no investigar a Bildu.