La Fiscalía Europea ha ordenado a la Policía Judicial -formada en este caso por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid-- que registre la sede del Servicio Canario de la Salud (SCS) en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del Caso Koldo (también llamado caso Mascarillas, por la presunta trama dedicada a  lucrarse con contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en 54 millones de euros, durante la pandemia). 

La causa de estas pesquisas es que entre los investigados figuran el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez y su exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez.

A Domínguez se le investiga por el presunto cobro de una comisión de 100.000 euros en un contrato de cuatro millones de euros adjudicado por Servicio Canario de Salud para conseguir mascarillas a una empresa sin experiencia en suministros médicos, la firma de importación de coches RR7. 

El pasado lunes 6 de mayo, Domínguez compareció ante Fiscalía Europea, pero se negó a declarar. Ocupó el cargo de director del Servicio Canario de Salud durante el Gobierno regional del socialista Ángel Víctor Torres, en la actualidad ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.