Sr. Director:

En memoria de Manolo Fernández de la Peña, fundador y alma de Provida de Mairena del Alcor, que ya descansa en la merecida Paz que se ganó en la ingrata pero trascendental batalla de la defensa de la vida de los seres humanos más inocentes e indefensos.  

Con una frecuencia mayor que la deseable, nos sigue golpeando el suceso de una madre que causa la muerte de su hijo recién nacido o con pocos días de vida, ya sea directamente o abandonándolo en un contenedor de basura o en un paraje solitario de muy difícil acceso. Por cierto, un tipo de crimen que los abortistas nos auguraban que desaparecería tras la legalización del aborto y que, como tantas otras cosas que nos dijeron, no se ha cumplido. Un tipo de crimen que, si atendemos a la gran atención que suele ocupar como noticia en los medios, sigue suscitando un rechazo frontal en nuestra sociedad, tanto por la indefensión e inocencia de la víctima, como por el sagrado vínculo que le unía a su autora, de la quien menos cabría esperar tal conducta. 

Pero un tipo de crimen en el que resulta llamativa la muy desigual valoración y sanción social y penal que recibe, respecto a la eliminación del hijo que se aborta, ya sea legal y voluntariamente unas semanas e incluso unos días u horas antes de nacer; o ilegalmente, en los muy excepcionales casos que aún sigue penado en nuestro derecho. Desigual valoración y sanción, a pesar de que estemos ante el mismo ser humano en unos y otros supuestos. ¿O acaso el parto o el deseo de la mujer por darle o no la vida, es lo que le otorgaría la naturaleza humana a ese hijo? Evidentemente no: ya era humano, demasiado humano, antes del parto, desease o no su madre que siguiese viviendo. 

Entonces, ¿dónde radica la diferencia de valoración social y trato penal que existe entre un bebé tirado a un contenedor después de nacer, y otro descuartizado en un cubo de basura sanitaria en un abortorio? Principalmente en la posibilidad de que lo percibamos; y más concretamente, que lo veamos; razón por la que en los abortorios se le priva a la mujer de poder ver al denominado «producto de la interrupción voluntaria de su embarazo», porque «sólo se trata de un simple conglomerado celular más o menos semejante a un indeseable tumor». Y la misma razón por la que nos hemos (han) acostumbrado, a aceptar como algo prácticamente prohibido la imagen de un aborto (tan demoledora para quienes niegan su humanidad); y que ofrecerle a la madre que dude sobre continuar o no con su embarazo, la posibilidad de que oiga el latiente corazón de la vida humana que alberga en su interior, se considere una injerencia negativa y contraria a la dignidad (?) de la mujer.   

Hoy se exige el consentimiento informado y la más completa comunicación con el personal sanitario, para proporcionarle al paciente toda la información necesaria ante cualquier intervención médica, de modo que pueda tomar una decisión voluntaria y suficientemente informada. Sin embargo, se silencia y niega el derecho y deber a dicha información, cuando esta implica ofrecer una mínima oportunidad de seguir viviendo a quienes carecen de cualquier otra posibilidad de defensa ante su muerte. Todos tienen derecho a la vida... excepto los seres humanos en gestación.