Sr. Director:
Uno de los días previos a la aprobación de la ley Celaá un amigo me comentaba que lo que más le sorprende y le indigna es que dicha ley ignora la calidad, que atiende a otras finalidades, y que eso en una ley de enseñanza es dramático, porque es como cavar su tumba, y la de millones de españoles empobrecidos educativamente durante años, si la ley sale adelante y si está en vigor unos cuantos años, que está por ver.
Y es que calidad en la educación es sinónimo de no ahogar la enseñanza concertada. Los datos son concluyentes, año tras año, sobre los resultados académicos en los centros concertados, por encima de la enseñanza estatal. Quien argumenta que hay que mejorar la calidad de la enseñanza estatal está en lo cierto, y yo me uno a ese deseo, si se llega al fondo de la cuestión y no se defienden falacias. La calidad no es contraria a la libertad, sino compañera de viaje.
La calidad educativa también va unida a la defensa del castellano, por nuestra historia, cultura y, también, por la extensión mundial del español, que en un mundo globalizado adquiere mayor importancia cultural y profesional.
Garantizar la calidad en una ley educativa es darse cuenta de que no es momento ahora de embarcarse en una reforma educativa, con sus costes y cambios, cuando estamos inmersos en una gran crisis sanitaria, laboral y económica, que hacen aconsejable no acometer reformas ahora. Pero Rufián y otros pueden más que estos argumentos.
Soy de los que defiendo que, en materia educativa, tendría que haber estabilidad en las leyes, mediante pactos duraderos entre los principales partidos políticos, y no estar cambiando la legislación según gobierne el PSOE o el PP, aunque claramente son los socialistas los más amigos de legislar sobre la educación cuando llegan al poder.
La ley Celaá tiene muchos agujeros. Demasiada prisa, más que sospechosa, porque no se sostiene en pie. Si algo se debe pedir a la educación es que contribuya a mejorar la calidad, no ser moneda de cambio de cesiones políticas conocidas o inconfesables.
