Sr. Director:
· La organización de juristas acusa al director del Consejo de la Juventud, Daniel Serra, de un posible delito de corrupción de menores.
· La denuncia viene motivada por la publicación de una guía sobre sexting dirigida a niños de 3º de la ESO en la que se incita a realizar esta práctica sexual y no se advierte de los riesgos.
· Abogados Cristianos denuncia además que “la guía recomienda utilizar una app para compartir fotos de carácter sexual manteniendo el anonimato, cuando esa app asegura en su política de privacidad que ninguna imagen subida está completamente oculta a la vista pública”.
· José María Fernández, abogado de la organización, señala que “los responsables de esta guía deberían ser inhabilitados. No podemos consentir que desde una administración pública se anime a menores a compartir imágenes de contenido sexual en redes sociales”.
Madrid, 3 de abril de 2023
La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una denuncia ante el juzgado de Instrucción de Oviedo contra el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias y su director, Daniel Sierra, por un posible delito de corrupción de menores.
La organización de juristas denuncia la publicación de una guía por parte de este organismo dirigida a niños de 14 años sobre la práctica del sexting. En dicho documento se incita a realizar esta práctica sexual a los menores y no se advierte de los riesgos.
La guía recomienda el uso de “herramientas que te permitan compartir tus imágenes anónimamente […]. Un ejemplo es la página web IMGUR, donde podrás subir fotos sin dar ninguno de tus datos personales”. Abogados Cristianos señala que la política de privacidad de esta app dice que: “Ninguna imagen subida a Imgur está completamente oculta a la vista pública”.
La organización de juristas denuncia además que “el sexting no es una práctica para menores, otra cosa es que se lleve a cabo, pero hablar de sexting positivo cuando el Instituto Nacional de Ciberseguridad la considera una práctica de riesgo, es como mínimo confuso”.
José María Fernández, abogado de la organización, asegura que “los responsables de esta guía deberían ser inhabilitados. No podemos consentir que desde una administración pública se anime a menores a compartir imágenes de contenido sexual en redes sociales”.
