Sr. Director:

Les escribo desde la preocupación de un ciudadano que observa con creciente inquietud dos cuestiones que afectan directamente a la calidad de nuestra democracia: la concesión de la nacionalidad española y las garantías de nuestro sistema electoral. Mi sorpresa no se dirige únicamente al Gobierno. Se dirige, sobre todo, a ustedes.

Una de ellas, es la acelerada concesión de la nacionalidad española a descendientes de españoles residentes en el extranjero, la llamada Ley del Nieto. Nadie discute el derecho que puedan reconocer las leyes vigentes a quienes cumplen los requisitos establecidos. Lo que preocupa es la percepción de que un procedimiento de enorme trascendencia para el futuro de España se esté desarrollando con excesiva rapidez, con dificultades administrativas por su precipitación y, según denuncian numerosos afectados y observadores, con controles que muchos consideran insuficientes. Si esa percepción es equivocada, corresponde al Gobierno demostrarlo con absoluta transparencia.

La nacionalidad española no es un simple documento administrativo. Es la incorporación plena a una comunidad nacional con siglos de historia. Confiere derechos fundamentales. Precisamente por ello, la obtención de la ciudadanía exige un rigor absoluto. La nacionalidad española merece ese nivel de exigencia. Porque incorpora nuevos ciudadanos al censo electoral, y porque representa uno de los vínculos jurídicos y políticos más importantes que puede otorgar un Estado. Defender su valor significa garantizar que su concesión responda siempre al máximo nivel de rigor administrativo. Mi preocupación aumenta cuando esta cuestión coincide con un escenario político caracterizado por una profunda desconfianza hacia el Gobierno socialista encausado judicialmente en varios frentes Por tanto,  la desconfianza no puede ser mayor.

No basta con que la ley establezca unos requisitos. Es imprescindible que esos requisitos se comprueben de forma real, efectiva y con todas las garantías. La ciudadanía española debe tener la certeza de que cada expediente ha sido tramitado correctamente, tanto en el fondo como en la forma, sin precipitaciones, sin relajación de los controles y sin delegaciones impropias de funciones que deberían corresponder exclusivamente a quienes ostentan la condición de autoridad o funcionario competente. Cuando un procedimiento administrativo tiene consecuencias tan trascendentales, no basta con afirmar que todo funciona correctamente. Es necesario demostrarlo.

Y ahí surgen mis primeras preguntas. ¿Por qué el Partido Popular no ha convertido esta cuestión en una exigencia política de primer orden? ¿Por qué no reclama una auditoría completa sobre los procedimientos de concesión de la nacionalidad, verificando que todos los requisitos legales se cumplen materialmente y no sólo formalmente? ¿Por qué no exige como oposición,  que los españoles conozcan, con absoluta transparencia, cuáles son los mecanismos de control? ¿Por qué no impulsar un gran acuerdo nacional para reforzar todavía más las garantías electorales? 

Explíquenla con datos, con argumentos y con la transparencia que exige una democracia madura: Si el sistema es sólido, no debería temer un mayor nivel de control. Al contrario, pues toda garantía añadida, fortalece la credibilidad de las instituciones y protege el resultado de las elecciones frente a cualquier sospecha.

Esa desconfianza, compartida por una parte significativa de la sociedad, obliga precisamente al principal partido de la oposición a extremar su vigilancia. No basta con confiar en que todo se desarrolla correctamente. Es necesario exigir que pueda comprobarse. Por eso resulta difícil comprender algunas posiciones adoptadas por el Partido Popular. Cuando se debatieron propuestas de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General encaminadas a reforzar determinados mecanismos de control, entre ellos medidas relacionadas con el voto por correo, el Partido Popular optó por la abstención argumentando que nuestro sistema era suficientemente garantista.

A ello se suma el rechazo del PSOE a propuestas como la implantación de una segunda urna. Es necesario contemplar la posibilidad de contar con observadores internacionales, medidas que lejos de debilitar el sistema, podrían contribuir a reforzar la confianza pública en los procesos electorales. Ante este escenario, resulta aún más necesario que el principal partido de la oposición adopte una posición clara y exigente en defensa de la máxima transparencia. Si esa sigue siendo su posición, explíquenla.

No afirmo que exista fraude electoral. Afirmo algo distinto: que la mejor forma de evitar que surjan sospechas consiste en adoptar todas las garantías posibles para que ningún ciudadano pueda dudar del resultado de unas elecciones. Ésa es también la responsabilidad del PP.

Por ello les pido que asuman un papel más activo. Que promuevan reformas cuando sean necesarias, que expliquen públicamente las garantías del sistema electoral español y que, si consideran que esas garantías son suficientes, aporten los datos y argumentos que permitan a los ciudadanos recuperar plenamente la confianza. Porque una democracia sólida no sólo debe ser limpia. Debe parecerlo.

Esa confianza constituye un patrimonio que pertenece a todos los españoles y cuya defensa corresponde tanto al Gobierno como a quienes aspiran legítimamente a sustituirlo. Sobre un partido que gobierna y sobre el que pesan graves dudas políticas como judiciales debería estar sometido al máximo nivel posible de fiscalización democrática. Si algún día aparecieran irregularidades que hubieran podido prevenirse mediante mayores controles, el Partido Popular difícilmente podría sostener que hizo todo cuanto estaba en su mano para evitarlas.

Por eso les escribo esta carta. No para alimentar la desconfianza, sino para pedirles exactamente lo contrario: que la disipen. Que exijan todas las garantías posibles en la concesión de la nacionalidad española. Que exijan todas las garantías posibles en el proceso electoral. Y que transmitan a los españoles, con hechos y no sólo con declaraciones, la seguridad de que nuestro sistema democrático es suficientemente sólido para resistir cualquier intento de manipulación y suficientemente transparente para que nadie pueda dudar de la limpieza de sus resultados.

Ésa es, a mi juicio, una de las principales responsabilidades del partido que aspira a gobernar España.