En democracia, la obligación de los poderes públicos consiste en resolver con eficacia los problemas reales de los ciudadanos.
Desde este punto de vista, la Generalitat de Catalunya ha fracasado de forma lamentable ante el temporal desatado el pasado lunes en esta Comunidad: el colapso en el tráfico viario y ferroviario, más de 260.000 abonados sin luz eléctrica (muchos de los cuales han seguido sin luz después de tres días) y una información escasa y deficiente han creado un ambiente de indignación general.
Al margen del carácter excepcional de la nevada y otros fenómenos atmosféricos, la Administración catalana se ha visto desbordada e incapaz de reaccionar por la carencia de protocolos de actuación y de medios suficientes para hacer frente a las demandas de Protección Civil.
Esto contrasta con la política que desde el Govern se está llevando a cabo y cuyo único objetivo es plantear absurdos debates identitarios y repartir cuotas de poder. El tripartito se preocupa de poner multas a los comerciantes que rotulan en castellano, promover debates sin sentido sobre las corridas de toros o dictar editoriales en todos los medios catalanes contra el TC.
Sin embargo, no ha hecho casi nada para remediar el caos. Ni siquiera aceptan responsabilidades. Pienso que no deberíamos esperar a las elecciones para que paguen los responsables. En democracia la ineficiencia se paga con la dimisión.
Jesús Martínez Madrid
