La Confederación Española de Policía denunció que el actual Gobierno había regularizado por la vía del silencio administrativo a 100.000 inmigrantes. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, asegura que entre julio y agosto, la cifra de amnistiados ascendía tan sólo a 2.500. Sin embargo, el delegado del Gobierno de Valencia aseguraba en agosto que la cifra de regularizados por silencio administrativo en la Comunidad Valenciana ascendía a 29.035. O sea, que Caldera mintió.
De esta forma, el Ejecutivo ha resuelto la acumulación de expedientes de la que responsabilizan al anterior Gobierno. El portavoz de la Confederación Española de Policía, Rodrigo Gavilán, señala, sin embargo, que lo que faltan son medios para revisar los papeles exigidos para la residencia provisional y definitiva: pasaporte, vida laboral y antecedentes penales. Piden que mientras que un extranjero se encuentre en prisión provisional, se suspenda el plazo de cálculo de 5 años para obtener la residencia definitiva. Además, Gavilán denuncia que los españoles hemos sido muy injustos con la inmigración hispanoamericana, que resulta la inmigración menos delincuente. No ocurre lo mismo con la inmigración marroquí, entre la que se registra un mayor porcentaje de delincuencia.
