A las 14.00 horas del miércoles 3 de marzo AENA accedía al 99% de las demandas de los sindicalistas que habían amenazado con huelgas los días 5, 7, 9 y 12 de marzo. Se trataba de una repentina marcha atrás a la "propuesta del modelo de explotación de actividades", que, en opinión de los sindicatos, habría supuesto la externalización de los servicios del ente público como sanidad, gestión administrativa y parkings. También se incluía la posibilidad de privatizar otras áreas de seguridad, mantenimiento, medio ambiente e incendios.
Pues bien, el presidente de AENA, José Eladio Seco, decide dar marcha atrás de forma repentina. Probablemente porque el Gobierno no está dispuesto a asumir el desgaste político que supone una huelga en plenas elecciones. Una debilidad que conocen y reconocen muy bien los sindicalistas. "Hemos sido conscientes de la oportunidad de la coyuntura política y la hemos utilizado", aseguró el responsable de UGT, Federico Lombardo.
De la misma forma, da la impresión de que las huelgas en Izar y Acerinox obedecen a una estrategia sindical de desgastar al Gobierno en periodo electoral. En el caso de Acerinox, porque, aunque la empresa es privada, muchos de sus contratos son públicos, por lo que podría recibir presiones políticas para evitar el daño de imagen. Pero en el caso de Izar, la presión resulta más sencilla, porque los astilleros son propiedad de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y Montoro podría decidir aflojar la cartera para evitar las imágenes de sindicalistas en plena batalla con los antidisturbios. El mismo presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha denunciado la utilización político-electoral del conflicto. Claro que para presionar no hay nada como detener la navegación aérea. Es lo que se llama "secuestro sindical". Ya es hora de plantear una ley de huelga especial para trabajadores vinculados a servicios públicos. Porque, finalmente, su conflicto laboral lo terminamos pagando los ciudadanos y/o los contribuyentes.
