Y ya saben ustedes que siempre imito al maestro de periodistas, Chesterton, cuando amenazaba con "escribir un libro a la menor provocación".
1.- ¿Que qué tiene que ver el patriotismo con los negocios? Mucho, porque los negocios tienen que ver con todo. Cuando Miriam pone como ejemplo a Luis Delso el caso resulta de lo más pertinente. Delso, a través de T-Solar, es el principal operador de energía fotovoltaica, inversión que tiene todas las condiciones que no me gustan de algunos negocios:
2.- Negocio apalancado, donde no hay inversión sino a crédito. Es la viva imagen del desarrollismo español de los años noventa y de la primera década del siglo XXI, previos a la crisis y que nos han llevado a la crisis. Son los constructores y promotores que siempre invertían con deuda, jamás con fondos propios, ni tan siquiera al 1%. Cuando se acabó el crédito se acabaron los negocios. Es la historia misma de la crisis española, la historia, por ejemplo, de nuestras grandes constructoras.
3.- Mucho peor: negocios que, además de apalancados, viven de la subvención pública, porque prima y subvención, en la España energética, es lo mismo. La energía solar no se mantiene por sí misma.
Y sí: cuando el déficit ahoga a todos los españoles, resulta muy poco patriótico vivir de la subvención. El problema de la economía española no es de especulación, como ocurre con las economías anglosajonas, es de apalancamiento o endeudamiento excesivo.
4.- Y sí, en efecto, cuando has vivido de la subvención como el señor Delso, hay que tener mucha jeta para llevar al Gobierno español ante los tribunales internacionales para mantener una mamandurria que pagan los consumidores españoles de energía, es decir, todos.
Precisamente, al Gobierno español, con la barbaridad zapateril de primar a la energía verde más que ningún país del mundo, ha dejado una herencia imposible de asumir para un par de generaciones (prima a 25 años, prorrogables).
Pero vamos con el segundo argumento de la energía vede: la famosa inseguridad jurídica. Don Fernando Roque nos asegura que lo que pretende Miriam Prat es convertirnos en Argentina, país espejo de la inseguridad jurídica.
Hago fe profesa de que no me gusta la retroactividad jurídica, pero tampoco me gusta que el concepto se extienda en el tiempo. No conviene confundir la seguridad jurídica con la condena perpetua. Porque, insisto, lo que ZP hizo fue condenar a dos generaciones, o más, a pagar a unos empresarios espabilados por una energía ineficiente, carísima y ahora innecesaria.
Seguridad jurídica no puede suponer ni condena perpetua ni inmovilismo. Llevado al extremo, la retroactividad supondría leyes inmutables. Ejemplo: la ley de amnistía promulgada por la democracia, ¿fue un ejemplo de retroactividad? Desde luego que sí, dado que las propias leyes fundamentales del Franquismo prescribían su inmutabilidad, aseguraban que nadie, nunca jamás, las podría cambiar. Por tanto, o incurrías en retroactividad o la democracia no hubiera sido posible. Toda norma nueva lleva dentro de sí el germen de la retroactividad.
Los partidarios de la energía verde aseguran que, si el Gobierno deja de primarles, estará cambiando las reglas del juego a mitad de partido. ¡Pero es que esté partido es eterno! Las normas de Zapatero sobre energía verde -que para ZP era una cuestión ideológica, no económica- aseguran las subvenciones públicas a la energía verde por 25 años… ¡prorrogables! Si ya no necesitamos esa energía y si podemos contar con energías más baratas, como la hidroeléctrica o la nuclear -hasta cincuenta veces más baratas-, ¿tenemos que seguir pechando con esa cadena para no incurrir en retroactividad?
Por lo demás, la expropiación de YPF no es un caso de retroactividad. No se acusa a Cristina Fernández de inseguridad jurídica, aunque tal sea la formulación de las demandas ante los organismos internacionales. De lo que se le acusa es de robo: de no pagar a Repsol un dinero por una empresa por cuya compra Repsol sí que pagó lo que le pidió el vendedor: el propio Gobierno argentino.
Pasando de la teoría a la práctica: mire usted, don Fernando, el mal con la energía eólica ya está hecho. En Hispanidad no pedimos que se cambie. Con la fotovoltaica, mucho más ineficiente que la eólica, también. En Hispanidad no pedimos que se cambie aunque la broma nos salga a los españoles por más de 2.000 millones de euros al año. Lo que se pide es que se paralicen los 2.000 MW preasignados en termosolar. Y si la Triple A (Abengoa, ACS y Acciona) han invertido en grandes centrales que van a vivir de la subvención pública, lo que Hispanidad pide al ministro Soria es que devuelva el dinero invertido en esos 2.000 MW a los señores Benjumea, March y Entrecanales (gente que no pasa apuros a fin de mes para pagar la factura de la luz) pero les suprima las primas previstas para… los próximos 25 años prorrogables. No me parece mucha inseguridad jurídica.
Porque ese dinero va a terminar por hundir las cuenta públicas que financiamos los españoles y va a beneficiar a una serie de empresarios apalancados y listillos y a los fondos, principalmente norteamericanos, que financiaron un negocio de sopa boba oneroso para los españoles.
Eso es a lo que el ministro José Manuel Soria no se atreve. Oiga, ¡y ya está bien de que España sea una colonia de la inversión especulativa norteamericana, esa que vive de las subvenciones que abonan los españoles.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
