El principal partido de la oposición criticó el documento remitido hoy viernes 4 por el Gobierno al Consejo de Estado por considerarlo poco concreto. Sin embargo, la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega asegura que tras conversación con el principal líder de la oposición, Mariano Rajoy, no le mostró impedimento ni le sugirió cambio alguno. Con esto se pretende sugerir un consenso inexistente, porque la actitud de Rajoy fue más bien de "haz lo que te parezca".

El Gobierno "vende", sin embargo, consenso con el PP: "Rajoy estaba de acuerdo en las líneas generales y no tenía ninguna observación que hacer", señala De la Vega. Y es más, por el mismo precio, señala que el resto de grupos políticos con representación parlamentaria "también está de acuerdo". Y es que, según De la Vega, es difícil no estar de acuerdo porque los términos de la consulta son términos abiertos al encontrarnos al inicio del proceso de reforma constitucional.

Los cuatro puntos sobre los que se ha consultado al Consejo de Estado son los conocidos: encaje con la Constitución Europea, supresión de la desigualdad paritaria en la sucesión al trono, reforma del Senado para convertirla en una carta de representación interterritorial y mención de las CCAA. En relación a este último punto, las preguntas al Ejecutivo han sido tres: cómo y dónde deben incorporarse, criterios que se deben de seguir y consecuencias jurídicas que se producirían.

Por ejemplo, es posible que al describir las CCAA existentes deje de tener sentido el mantenimiento del procedimiento para constituirse en CCAA. A no ser que entendamos que hay que ofrecer una válvula de escape jurídico a Álava, en caso de que el nacionalismo vasco siga adelante con sus planes secesionistas.

El Consejo de Estado tendrá un año para emitir su informe, aunque el Gobierno ha sugerido una aceleración del procedimiento de consulta para poder disponer del dictamen antes de las próximas uvas. En esta labor, el Consejo de Estado podría integrar a los ex presidentes, miembros natos del Consejo de Estado, "cuyo patrimonio y caudal de experiencia podríamos aprovechar", señala De la Vega. No obstante, la vicepresidenta aclara que las gestiones para la incorporación de los ex presidentes corresponde, tras la reforma del organismo, al propio Consejo de Estado.