La acusación particular acaba de ampliar la querella contra Marsans a varios directivos de la SEPI, cuando era presidida por Ruiz Jarabo (PP) y llama a declarar a Enrique Martínez Robles, presidente con el actual Gobierno. A los directores generales Juan Gurbindo y Olivera Massó, que ya estaban con Aznar y continúan con ZP, se les acusa de falsificar el documento de venta de Aerolíneas a Marsans, aprobado por el Consejo de Ministros. Al igual que Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual y Antonio Mata la querella es por desvío de fondos públicos, fraude tributario y falsificación documental. El sindicato de técnicos de ARSA (APTA) entregó a la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, el contrato apócrifo que pretende justificar la compra de créditos realizados por Marsans con dinero público español

En vísperas de la trascendental Junta de Accionistas de Aerolíneas Argentinas (ARSA), que se celebrará el jueves 23 en Buenos Aires, la acusación particular ha ampliado la querella presentada contra los propietarios de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, ante el Juzgado 35 de Madrid, a los directivos de la SEPI durante el periodo Aznar, por los mismos delitos que la responsable del juzgado, la hoy famosa jueza Gema Gallego, había imputado a los propietarios de Marsans y al ex presidente de Aerolíneas, Antonio Mata: desvío de fondos públicos los fondos otorgados, a través de la SEPI, por el Gobierno español para reflotar Aerolíneas-, delito fiscal y falsedad en documento público. Por tanto, Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI con Aznar, pasa a ser querellado, y el actual presidente nombrado por el PSOE, Enrique Martínez Robles, tendrá que comparecer como testigo. Los dos directores de la SEPI que firmaron el contrato de venta de ARSA a Marsans, Juan Gurbindo y Pablo Olivera Massó, que han continuado en su puesto con el nuevo Ejecutivo, también están incursos en la ampliación de la querella presentado por el abogado Rafael Caro.

El asunto es muy complejo pero puede resumirse así. El erario público español regaló ARSA a Marsans y, además, se comprometió a entregar 758 millones de dólares (ver información de Hispanidad del martes 21) para reflotar la compañía de bandera argentina. 300 de esos millones estaban destinados a pagar pasivos. Sin embargo, Marsans decidió hacerse con el 60% de los votos en el concurso de acreedores y forzar una quita que los minoritarios entre ellos el Gobierno argentino y los sindicatos de la compañía- consideraron abusiva.

El problema por el que se amplía la querella a la SEPI es que estas prácticas no eran las previstas en el documento de venta que aprobó el Consejo de ministros español. Por ello, la acusación, que ya había llevado a los tribunales a Gonzalo Pascual, Gerardo Diaz y Antonio Mata, afirma que se ha falsificado el acuerdo de venta. Así, el sindicato de técnicos de Aerolíneas, APTA, aprovechó la visita a Buenos Aires de la vicepresidenta primera del Gobierno español, Teresa Fernández de la Vega, para entregarle el documento apócrifo (ver el envío remitido a Hispanidad por Jorge Becce, del sindicato APTA).

En este momento, Marsans pretende que el Gobierno argentino levante la impugnación de las cuentas de los tres últimos ejercicios a cambio de un paquete de acciones de Aerolíneas. Los sindicatos se oponen a esta medida. Pero todo el caso Aerolíneas depende, también, de lo que haga en Madrid la jueza Gemma Gallego, últimamente muy conocida por haber contradicho al famoso juez Baltasar Garzón en el famoso caso del ácido bórico, una derivada del 11-M.