Con fecha 18 de marzo, la jueza Di Noto, que lleva adelante el Concurso de Aerolíneas Argentinas, rechazó el pago efectuado por terceros con el objeto de dejar sin efecto el pedido de Nulidad Concursal de la aerolínea. Este es el segundo intento por evitar la prosecución de la Nulidad Concursal, que, de prosperar, tiene como consecuencia la quiebra de la compañía.
Recordemos que el primero se había pretendido con el pago por parte de la empresa TAS (Top Air Security S.A). Ésta, como publicara Hispanidad, además de la empresa de seguridad que brinda servicios para Aerolíneas Argentinas, y personales para don Antonio Mata Ramayo, es la famosa compañía que realizaba los trabajos de escaneo de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para la empresa SW y que se encuentra investigada por el contrabando de drogas a Madrid, además de pertenecer a famosos represores de la época de la Dictadura en Argentina uno de los cuales se encuentra en prisión por secuestro de 62 niños en la conocida Escuela de Mecánica de la Armada.
Recordemos que Marsans había hecho público a través de los medios argentinos y españoles la salida del default y el cierre del Concurso en diciembre pasado con el pago de la última cuota del Concurso de Acreedores. Como vemos la justicia ha vuelto a desmentir los dichos de Mata y corroborar la difícil situación jurídica que atraviesa el grupo, al que deben agregarse las causas que se tramitan en España por los mismos motivos pero con distintas imputaciones.
Recordemos que se tramita ante el Juzgado 35 en lo Penal de Madrid una causa, donde ya fueron citados Antonio Mata Ramayo y su socio Ruiz Espejo, por Falsificación Documental, evasión tributaria y fraude procesal por la actuación de la firma Royal Romana Playa S.A, en la supuesta compra en Argentina de los créditos que Aerolíneas mantenía con el Grupo Repsol por 56 millones de dólares, dinero que no se registró en su contabilidad en España.
En dicho juzgado, también se amplió la denuncia contra Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias por la actuación que le cupo a la firma Air Comet S.A, tanto en la subrogación de los créditos del Grupo Repsol, que luego cedió a Royal Romana Playa, como en la de los bancos ABN, City y BBVA.
En dicha ampliación de denuncia, se imputa el delito de apropiación indebida de fondos públicos en España, por un total de nada más ni nada menos que 246 millones de dólares, ya que los créditos fueron cancelados con dinero aportado por la SEPI, para hacer frente a los pasivos de Aerolíneas y no para su compra.
Asimismo, informado el abogado del Estado se personó en la causa, así como el fiscal de la Fiscalía de Delitos Económicos, quienes se constituyeron en parte.
