Monseñor Norberto Rivera, arzobispo de México DF, ya tiene una denuncia encima por hablar en contra del aborto. Como el Gobierno de López Obrador (PRD) del Distrito federal mexicano -25 millones de habitantes- ha aprobado el aborto, se considera que el cardenal Rivera se ha metido en política, y según la legislación mexicana los curas no pueden meterse en política (Zenit tiene los datos). Y el asunto crece, porque coincidiendo con la aprobación de la pena capital para no nacidos (de la que ya ha informado Hispanidad) el titular de la diócesis de Acapulco, Ramón Godínez Flores, ha hecho lo propio, al igual que el conjunto de la Conferencia Episcopal mexicana.
México se ha convertido así en un ejemplo paradigmático de la hoja de ruta del laicismo, uno de los componentes claves de la política en distintos países, por ejemplo, en la España de Rodríguez Zapatero. Se parte de la separación estricta entre religión y política, y se excluye a la primera en el estricto ámbito personal de la conciencia individual. Así, si la Iglesia condena el aborto, y resulta que el aborto es materia de ley, entones la Iglesia debe ser condenada. Y como las leyes hablan de todos los temas, la conclusión última es que la Iglesia no puede hablar de nada.
El último paso consiste en aplicar este principio, no sólo a la jerarquía, sino también a todos los católicos… porque hablan en nombre de su credo y doctrina, es decir, que están mezclando la religión con la política. Por tanto, los católicos tampoco pueden intervenir en política.
Por ahora, se ha iniciado el proceso laicista con una demanda contra monseñor Rivera. Esto no ha hecho más que empezar. En México y en todo Occidente.
