Sr. Director:

 

 La sociedad española precisa una enseñanza pública de calidad. Los docentes del sindicato de profesores de ANPE, además de otras medidas, también entienden que es necesario una serie de mejoras retributivas y laborales del profesorado.

 

 Los profesorado ha perdido poder adquisitivo en los últimos quince años del más de 25 por ciento. Pensemos en las enormes subidas de la vivienda (más del 300 por cien), alimentos  o el vestido, y las subidas continuadas de los salarios de los profesores por debajo del índice del poder adquisitivo, cuando no congelaciones salariales.

 

 ANPE pide al Gobierno un salario digno para los docentes que les permita recuperar parte de la pérdida acumulada del poder adquisitivo de sus salarios, el establecimiento de una cláusula de revisión salarial automática y el derecho a la negociación colectiva.

 

 Por una noticia publicada en un diario nacional hace unos días, ANPE ha conocido la intención del Gobierno de incluir en los Presupuestos Generales del Estado una subida en las retribuciones de los funcionarios del 3%, lo que a todas luces resulta injusto e insuficiente.

 

 Durante más de una década los funcionarios docentes venimos padeciendo importantes pérdidas en nuestro poder adquisitivo como consecuencia de congelaciones salariales, subidas insuficientes y la complicidad del Gobierno con las Organizaciones Sindicales que lo han permitido.
En el año 2002 la administración pública negoció con los sindicatos UGT; CC.OO. y CSI-CSF un acuerdo que recogió, entre otras cuestiones, la subida salarial para los funcionarios públicos durante el período 2003-2004. El mencionado acuerdo, que concluye en el presente año 2004, ha supuesto para los funcionarios docentes, además de una nueva pérdida de poder adquisitivo en sus salarios, la imposibilidad de negociar reivindicaciones tan enérgicamente exigidas por ANPE, y por los Sindicatos firmantes, como son: el "derecho a la negociación colectiva" o la introducción de una "cláusula de revisión salarial".


A estas alturas del año ya se ha superado, una vez más, la desviación prevista del IPC por el Gobierno para el año 2004. La tasa de variación interanual del IPC del mes de julio, situada en el 3,5%, constata la insuficiente subida salarial que intenta proponer el Gobierno. Para la Organización Sindical ANPE, de llevarse adelante esta injusta propuesta, significaría un agravio a los profesionales de la enseñanza, sobre todo si se tiene en cuenta que las remuneraciones que perciben son las más bajas entre las que recibe cualquier persona con titulación universitaria en España.
Además, como desarrollo del mencionado acuerdo, la administración pública anunció entonces que en 2004 se pondría en marcha un Plan de Pensiones para los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, en el que el Estado aportaría un 0,5% adicional al salario de cada funcionario. El Plan de Pensiones, hoy ya en marcha, sólo afecta a los funcionarios de la Administración General del Estado. Es decir, al medio millón de  funcionarios representados en la Mesa General de la Función Pública, pero quedan fuera todos los funcionarios de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, más de 1,7 millones de trabajadores.
A la organización Sindical ANPE la decisión de establecer un Plan de Pensiones individual para cada funcionario a cargo de la Administración Pública, le parecería acertada si su ámbito de aplicación hubiera abarcado a todos los funcionarios. El hecho de que el acuerdo haya dejado fuera a las tres cuartas partes de los mismos no ha contribuido a la deseada modernización de la Administración Pública y ha descalificado a los Sindicatos firmantes, ya que sólo está sirviendo para establecer injustos agravios comparativos entre funcionarios civiles

 

 Ante la inminente elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, ANPE pide a los Gobiernos central y autonómicos una subida salarial mínima para los docentes del 6% y que impidan el establecimiento de agravios entre funcionarios ampliando el actual Plan de Pensiones a todos los funcionarios públicos.

 
Antonio Roldan García

  

 granada@anpe.es