Segunda lectura del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Consejo de Ministros. La ley tiene casi 130 años y ha sido parcheada en 43 ocasiones, por lo que se consideraba que era momento de cambiarla. Otros gobiernos se lo han planteado y el de Zapatero ha acabado el texto. Caamaño asegura que la Comisión de Justicia es lo suficientemente ágil como para aprobar el texto antes de unas supuestas elecciones generales.
Pero no se trata de un código neutral. Para empezar, porque el Gobierno promete más garantismo cuando la queja de los ciudadanos es precisamente el exceso de garantías para los acusados mientras las víctimas quedan desprotegidas.
Sin embargo, la gran cuestión es la sustitución de los jueces de instrucción por los fiscales, con todo lo que de esta modificación se deriva, por ejemplo, en materia de comunicación. Como su propio nombre indica, los fiscales dependen del Ministerio fiscal. Al frente se encuentra en estos momentos Cándido Conde Pumpido, un hombre que no se ha caracterizado por su celo por la neutralidad. Caamaño argumenta que los fiscales estarán bajo la vigilancia de un juez que no forma parte de la investigación y que un segundo juez, llamado "de audiencia", valorará si es posible formular una acusación para que un tercer juez tome el caso y lo juzgue.
En todo caso, los fiscales no se caracterizan por su independencia. Por si esta estaba en entredicho en el caso de algunos jueces, el Gobierno acaba de despejar toda duda.
Rodrigo Martín
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