Las competencias reguladoras sobre inversión en bienes tangibles, por ejemplo, Forum Filatélico

Sr. Director:

Las recientes declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Sr. Solbes, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado.

En ella manifestó que la competencia en materia de legislación sobre la inversión en bienes tangibles -en contra de lo dispuesto en la propia ley- estaba transferida a las Comunidades Autónomas y que, explícitamente y en sus propias palabras "cuando uno compra un bien tangible, como un sello o un sillón, y obtiene unos rendimientos por encima de los habituales del mercado, debería pensar que a lo mejor hay algo que no encaja muy bien. Entiendo también que muchas veces la gente que invierte ahí no tiene ni la información ni los conocimientos suficientes para verse metida en ese tipo de operaciones".

Cabría apuntar la ausencia de ningún tipo de iniciativa reguladora del sector por ninguna de las Comunidades Autónomas y, también, el silencio de la Administración Central que, ante la evidencia de la no asunción por aquellas de las teóricas responsabilidades asignadas -siempre en opinión del ministro- vendría a demostrar  (una vez más y añadiéndose a la larga lista de irregularidades del caso que, nuevamente, confirman la responsabilidad estatal en la crisis, con especial incidencia y protagonismo del Gobierno actual) que ni tan siquiera ha existido coordinación entre las Autonomías y la Administración Central, al no advertirse sobre la necesidad de regular la actividad prolongada de las empresas. Lo que en modo alguno puede ser una disculpa de la situación ocurrida y llevaría aparejado el debate, de mayor trascendencia y calado, acerca de si la propia estructura del Estado es suficientemente garante -como cabría esperarse- de la relación entre los individuos que lo componen y entre éstos y las empresas legalmente constituidas.

Por otra parte, y como se ha advertido desde distintos ámbitos, la regulación individual por cada Comunidad Autónoma tendría consecuencias sobre los derechos y obligaciones de los inversores rompiéndose la unidad fiscal, toda vez que la actividad estaba presente en el conjunto del territorio.

Sorprendentes declaraciones del Sr. Solbes en su intención de disculpar la acción o inacción del Gobierno que compone, cuestionándose la misma esencia de la estructura organizativa del Estado y dejando a los ciudadanos en la indefensión.

Porque ¿cuál debe ser la función de la Administración Central si al existir una discrepancia sobre determinadas competencias, se exime de responsabilidad? ¿Acaso la legitimidad del Estado Autonómico no se fundamenta, entre otros aspectos, en la necesidad de dar una respuesta adecuada a los ciudadanos de su entorno y cultura próximos? Y, si esto ha sucedido en el marco de los cerca de medio millón de inversores, no quisiera pensar en lo que podría estar sucediendo en ámbitos de trascendencia menor, pero igualmente necesarios de atención.

Mantener, en palabras del ministro, que la inversión en Forum o Afinsa fuese una apuesta arriesgada y ello debería alentar la sospecha, implica un profundo desconocimiento de la operativa de otros mercados internacionales de larga tradición como Stanley Gibons y de la especificidad del mercado en cuanto a las revalorizaciones pactadas contractualmente (en el entorno del 5 ó 6% TAE) no muy lejano de las imposiciones a plazo prolongado, pero con la salvedad de que las primeras no pueden materializarse en tanto no se cumpla el plazo fijado y futura venta de las series filatélicas -por voluntad expresa del cliente- a un tercero o, en su defecto, por la propia empresa. Muy diferente del atractivo de la inversión en valores negociables en bolsa, que pueden arrojar mayores beneficios pero a los que habría que añadir el riesgo de su incertidumbre.

Paralelamente, mantener como juicio sobre la capacidad de inversión aspectos tan subjetivos como -en su opinión- alta rentabilidad,  nos coloca nuevamente desprotegidos ante lo que cabría entenderse como una función del Estado, amén de citarse aspectos variables, sujetos a interpretación y carentes del mínimo rigor.

Por último, me referiré a su juicio sobre la formación o cultura económica de los inversores que, como mínimo,  significan una soberbia improcedente del cargo público que ocupa.

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