- Por 24 votos a favor, y tres en contra 3, han manifestado su rechazo a la implantación de una cultura que pretende promover activamente la homosexualidad.
- Así, los principios aprobados por la ONU en 2006, para beneficiar al colectivo gay, continúan sin ser vinculantes para los países europeos.
- Rusia se ha mostrado especialmente activa en la lucha contra la implantación de la hoja de ruta gay, por considerarla lesiva contra los intereses de los niños.
Por veinticuatro votos contra tres se ha cuestionado la hoja de ruta del lobby gay, la llamada implantación de los principios de Yogyakarta, que consagraba 29 principios en relación con la orientación sexual y la identidad de género para aplicar en la legislación sobre derechos humanos. Son los denominados Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género. La entidad Profesionales por la Ética considera que "esta votación de la OSCE es una victoria para la libertad de todos los ciudadanos europeos". Uno de los ponentes que con más vehemencia ha rechazado siempre las propuestas propagandísticas al colectivo gay ha sido el representante de la Federación Rusa, bajo el argumento de la defensa de los menores, cuyos intereses educativos, afirma, deben ser prioritarios sobre "los de grupos especiales que supuestamente requieren una particular protección".
Junto con otros países como Moldavia, Bielorrusia, Ucrania, han señalado que los principios de Yogykarta suponen un abuso en la fabricación de nuevas normas internacionales.
Fue en Yogyakarta (Indonesia) donde la ONU aceptó esta guía que pretendía instaurar el concepto de homosexualidad como un derecho humano, una especie de agenda del lobby gay, que, como señala Profesionales por la Ética "busca obligar a los Estados miembros a promover activamente la homosexualidad a la par que cercena derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad de pensamiento al impedir otras concepciones diferentes de la sexualidad". Según la citada entidad, "estos principios no son vinculantes mientras no se acepten y negocien con los estados miembros. Esta era la situación que se dirimía en la última votación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y que se solventó con una mayoría de representantes en contra de aplicar nuevos derechos humanos en favor de un grupo minoritario que implica conculcar derechos humanos primordiales y universales". Para Leonor Tamayo, responsable del Área Internacional de Profesionales por la Ética , «la implantación de los principios de Yogyakarta no sólo cercena ámbitos fundamentales para libertad como son la libertad religiosa y de expresión sino que crea una casta privilegiada y una forma prioritaria de concepción de la sexualidad a la que se beneficia en detrimento de otras a través de políticas de fomento de este colectivo".
Una de las consecuencias, afirma Leonor Tamayo, es su repercusión en la educación: "es evidente que supone un apoyo fundamental a políticas educativas de temas sexuales y ético-morales que priorizan e incentivan la ideología de género y la homosexualidad contra el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus concepciones.
Sin duda hubiera sido un duro golpe para la lucha en favor de la libertad que los padres europeos tenemos entablada contra el totalitarismo educativo y la imposición mediante la enseñanza de valores controvertidos". Una opinión, la suya, que coincide plenamente con la de los ponentes rusos.
Profesionales por la Ética, amén de pertenecer a la FRP de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentelas (FRA), trabaja conjuntamente con algunas de las entidades sociales líderes relacionadas con el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, y la Agencia de Derechos Fundamentales de la OSCE. Su opinión tiene fuerza en los foros internacionales, donde no está sola.
Mariano Tomás
mariano@hispanidad.com
