E-Cristians informa. El pasado 6 de febrero el Parlamento Catalán ha iniciado los trámites parlamentarios previos a la aprobación de la denominada Ley de Centros de Culto.
El texto afecta a una materia tan fundamental como es el ejercicio del derecho a establecer lugares de culto o reunión con fines religiosos, que declara el artículo 2.2 deEl articulado del proyecto cuya tramitación se inicia ahora, contiene ambigüedades en diversas materias que constituyen una grave preocupación tanto por su contenido actual, como por su posterior desarrollo normativo. En el actual contexto político y legislativo no puede parecer exagerado el temor de que algunos artículos del proyecto se contemplen como el anuncio o la posibilidad de futuras medidas legislativas, administrativas y políticas que conlleven el cierre de lugares de culto que llevan decenas de años dedicados a este fin.
Atendiendo a las actuaciones que en materia de derechos fundamentales viene ejecutando la Generalitat, además de una chapuza jurídica más de las que viene produciendo el actual Gobierno catalán, no es extraño que recaiga sobre el proyecto la sospecha de que nos encontramos frente a un nuevo ataque a los derechos de los ciudadanos, y en este caso, también una vez más, al derecho fundamental a la libertad religiosa, y en particular al derecho que deriva de éste a establecer lugares de culto.
Por otra parte el texto contiene defectos y vulneraciones de la legalidad vigente que han llevado a los partidos de la oposición a formular enmiendas a la totalidad.
La normativa vigente es suficiente para atender la situación creada por la llegada reciente a Cataluña de un elevado número de personas que traen consigo sus creencias y su religión. La legislación urbanística actual es suficiente para regular y controlar estas situaciones, y no es de ningún modo necesario un cuerpo legal nuevo sobre el particular.
Por ello, nuestra Asociación insta al Gobierno de la Generalitat a retirar el proyecto y a manifestar con toda claridad y de manera rotunda, con actos políticos y administrativos inequívocos, su respeto al derecho fundamental a la libertad religiosa.
Instamos por último a las entidades públicas y privadas a que manifiesten su oposición frente a este proyecto y exijan al Gobierno de la Generalitat que respete el derecho, que huya de sectarismos de todo tipo, y sirva a todos los ciudadanos de Cataluña por igual, sin discriminaciones de ningún tipo, y con respeto a los derechos del hombre reconocidos por la Constitución Española y por el Estatuto de Cataluña.
Jorge Carreras
jorge.carreras@icab.es
