Tras la polémica levantada por las primeras declaraciones del cardenal de Madrid en las que hablaba de un proyecto de ley que no dejaba lugar a la eutanasia, y una posterior rectificación tras una lectura más detenida del texto, este lunes la Conferencia Episcopal ha publicado una declaración en la que ha presentado los agujeros negros que ha descubierto en el "Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida".
Al inicio de la misma, los obispos han señalado primero la postura de la Iglesia y aclarando los actos que no son entendidos como eutanasia, como por ejemplo, "la administración adecuada de calmantes (aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida) o la renuncia a terapias desproporcionadas (al llamado encarnizamiento terapéutico), que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares", ya que "que no causan la muerte por su propia naturaleza e intención".
Según los obispos, "el objetivo de la legislación sobre el final de la vida ha de ser garantizar el cuidado del moribundo, en lugar de recurrir a falsos criterios de "calidad de vida" y de "autonomía" para, en realidad, desproteger su dignidad y su derecho a la vida", y por ese motivo las leyes se deben adecuar a la dignidad humana, y "no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías".
Del anteproyecto de ley se critica una "inequívoca afirmación y salvaguarda de la autonomía de la voluntad de los pacientes" a quienes se otorga el "derecho a decidir libremente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir", de manera que se concede a los enfermos la capacidad de "rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales, aun en los casos en que esta decisión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente". Además los obispos han sacado a relucir que con la nueva ley se legalizarían algunas conductas eutanásicas como la posible sedación inadecuada o el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos. Además, con el actual texto, los médicos se convertirían en meros ejecutores de las decisiones de los enfermos, y sin tratar en ningún momento el derecho a la objeción de conciencia por parte de los sanitarios.
Ahora habrá que ver si los partidos así llamados en sus estatutos democristianos, son capaces de defender en el Parlamento la vida de las personas o si de nuevo criterios políticos primarán sobre criterios humanos o religiosos.
Juan María Piñero
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