A día de hoy, las grandes empresas son todo ventajas. Precarización del empleo nacional por externalización de servicio y usos de ETT, deslocalización o huída en búsqueda de mano de obra barata, concentración de poder informativo e ideológico (no sólo económico), especulación financiera, uso de paraísos fiscales, escasa rendición de cuentas al clientes, servicios postventa lamentable... En resumen, mal servicio a clientes, prepotencia con proveedores y explotación de trabajadores.
Eso sí, a cambio, la doctrina del valor añadido para el accionista hacía que, en tiempos de bolsa a la baja, al menos a los accionistas, es decir, a los propietarios, se les cuidara. Pero eso ha cambiado mucho. Al presidente o consejero delegado de una compañía ya no le interesan otros accionistas que el accionista de referencia, el que se sienta en el Consejo de Administración. Es más, les interesan sólo los consejeros, sean o no accionistas.
En España, por ejemplo, se ha vivido durante la última década, convenientemente apoyada por la legislación de Rodrigo Rato, un castigo al pequeño accionista por parte de las Presidencias. La cosa es tan simple como suprimir el derecho de suscripción preferente en las ampliaciones de capital y en la emisión de obligaciones subordinadas. Lo han hecho firmas como el BBVA, el SCH, Telefónica, Repsol, Unión Fenosa, etc. Al comienzo de forma tímida, luego con el mayor de los descaros, especialmente tras la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas del Partido Popular. Como es sabido, en las grandes empresas actuales el que manda es el presidente, aunque no posee sino un centenar de acciones y acude a las asambleas de accionistas con la inmensa mayoría de los votos, delegado por los titulares.
José María Trevijano ha dirigido la patronal vizcaína del metal, sector al que se ha dedicado durante toda su vida laboral. Comenzó su batalla contra la arbitraria supresión del derecho preferente en 1996, cuando comenzaron los desafueros. Nadie le hizo caso. Ni en el Ministerio de Economía, ni en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni en el Banco de España. Por lo general, en las grandes empresas le recibían los equipos jurídicos... pero no le hacían caso. Intentó ir a los tribunales, pero entonces se puso en marcha otro de los truquitos del poder para silenciar al discrepante: la fianza anticipada según el volumen de la demanda. Como el importe de dicha fianza se calcula según las cifras en juego, y aquí estamos hablando de multimillonarias emisiones o ampliaciones de plantilla, sencillamente Trevijano tenía que volverse atrás, porque no podía afrontar la fianza. En estos casos, en otros países, es el Estado, a través de los reguladores, quien asume la investigación. En España, casualmente, no.
Y así llegó el día, la Junta General de Accionistas de BBVA 2003, en que el presidente de esta entidad bancaria, Francisco González, decidió pasar al insulto : calificó de demagogo a Trevijano, que nuevamente había denunciado el desafuero, y le despidió con esa elegancia que caracteriza a FG. Una vez vencido el adversario se pueden hacer mangas y capirotes.
Pues bien, el diario Cinco Días (en su edición del miércoles 15) informa de que la Comisión Europea acaba de condenar al Estado español por la exclusión de accionistas en ampliaciones de capital y le exige que modifique su normativa en la materia (¿con efecto retroactivo? Sería divertidísimo). Según Bruselas, esa práctica puede debilitar indebidamente la participación de un accionista, reduciéndola en proporción al capital total de la sociedad... Esto supone una discriminación de los accionistas de las sociedades cotizadas españolas que contraviene la Segunda Directiva sobre Derecho de Sociedades.
Un finísimo lenguaje jurídico que incluso se queda corto. Lo que quiere decir la Comisión, en lenguaje coloquial, es que la única alegría que recibe el accionista con una bolsa débil es la venta de derechos. Y lo que también quiere decir el dictamen de Bruselas es que si se trata de obligaciones convertibles, puede darse el caso (y se ha dado) de que la dirección otorgue la suscripción de obligaciones (un chollo, porque puede elegirse el momento de amortización) a unos accionistas, los amigos del presidente, en detrimento de otros.
Y es que, de vez en cuando, un quijote puede vencer al oligopolio de los poderosos, empresarios y políticos. Y resulta tan agradable...
Eulogio López
