Al día siguiente de la declaración presidencial del inicio de las negociaciones con ETA, la Audiencia Nacional ha condenado a 50 años a Txapote y Amaia como autores del secuestro y posterior asesinato del joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Además, ha prohibido a la pareja acercarse a la localidad vizcaína de Ermua durante cinco años a partir de su excarcelación. Una cautela un tanto innecesaria.
En primer lugar, porque si de verdad cumplieran los 50 años a la sombra, los asesinos de Blanco no tendrían ni edad ni ganas de volver por Ermua. Por otra parte, probablemente sea la propia ciudadanía de Ermua la que no les permita pisar su ciudad a los asesinos de uno de sus concejales.
La decisión de la AN demuestra que la justicia no puede estar de vacaciones y debe velar permanentemente por el Estado de Derecho y el cumplimiento de la Ley. Se aparta así de la doctrina Pumpido, que abogaba por que los jueces se adaptaran al nuevo escenario. Y se aparta también de la petición de Batasuna de este jueves del cese de hostilidades políticas y judiciales.
