Esta vez, a diferencia de las impugnaciones de 2002 y 2003, el Gobierno argentino no sólo ha impugnado la Asamblea sino que además, ha solicitado la nulidad de la misma y medidas cautelares contra la empresa del Grupo Marsans
Lo problemas se acumulan para el grupo español Marsans en su filial Aerolíneas Argentinas. El martes 13, el Gobierno argentino impugnaba la Junta General de Accionistas (Asamblea) de Aerolíneas Argentinas, al igual que hiciera los dos años anteriores, con las cuentas correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. A pesar de que el director de Aerolíneas, el español Antonio Mata, insiste en que las relaciones con la Casa Rosada han mejorado, lo cierto es que esta vez el Gobierno argentino no sólo se ha conformado con impugnar sino que ha solicitado la nulidad de la misma y ha pedido medidas cautelares. No, no parece que las relaciones entre Marsans y el Gobierno de Buenos Aires marchen viento en popa.
La impugnación impide, por de pronto, sacar Aerolíneas a bolsa, verdadero objetivo de Antonio Mata y del Grupo Marsans, que se encuentran en el país austral con la oposición de los dos grandes sindicatos: el de pilotos (APLA) y el de técnicos (APTA). Pero lo peor es que la impugnación del Estado remonta a los presuntos falsos pasivos declarados en el concurso de acreedores de Aerolíneas, un concurso por el que Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, principales accionistas de Marsans, han declarado como imputados en el Juzgado 35 de Madrid, por presuntos delitos de desvío de fondos públicos, falsedad documental, estafa procesal y delito tributario. En esas declaraciones afirmaron desconocer las actividades de Antonio Mata en Aerolíneas, pese a ser consejeros de la compañía, así como de las dos sociedades intermedias entre Marsans y Aerolíneas: Interinvest y Air Comet. Y como tales, Pascual y Díaz son también firmantes de las cuentas anuales de Air Comet, en las que no se reflejan los créditos subrogados con dinero público español.
Como se sabe, Aerolíneas Argentinas fue regalada por el Estado español a Marsans, y además le concedió 754 millones de dólares en subvenciones para su reflotamiento, 300 de los cuales estaban destinados al pago de pasivos. Sin embargo, un grupo de minoritarios ha impugnado el acuerdo de acreedores porque considera que el dinero público español no se empleó para aquello que estaba previsto. Desde entonces, Marsans no ha hecho otra cosa que afrontar juicios, tanto en Buenos Aires como en Madrid. Mientras, el presidente Kirchner exige que se llegue a un acuerdo o que la SEPI, esto es, el Estado español, vuelva a hacerse cargo de la aerolínea de bandera argentina.
El caso compromete a Gerardo Díaz, presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, y a Gonzalo Pascual, presidente de la patronal española de turismo.
