Juicio por las cesiones de crédito. El Gobierno Zapatero se lanza a la defensa de Emilio Botín

Los gobiernos de Aznar y del PSOE sólo han coincidido en una cosa: en el apoyo sin fisuras al presidente del Santander. Lo mismo puede decirse de la prensa: El País y El Mundo hablan con una sola voz en defensa del banquero. Se consumó la gran contradicción: los fiscales persiguen en toda España a los titulares de las cesiones de créditos mientras el fiscal de la Audiencia Nacional pide la absolución para quien se las facilitó. Solbes volvió a advertir a la Abogacía del Estado que ratificara su apoyo a Botín, a pesar de que Hacienda es la gran perjudicada por las cesiones. En el Santander deseaban que Gómez Bermúdez presidiera el Tribunal. Y si todo fallara, el gobernador del Banco de España no presionará al cántabro para que dimita

Por fin, se celebró la vista previa el juicio podría comenzar en enero- sobre las cesiones de crédito del Banco Santander. En la mañana del jueves 23, en la Audiencia Nacional. A la jueza Teresa Palacios le ha costado 15 años instruir el sumario contra el presidente del Santander y otros tres altos ejecutivos del banco, entre ellos el que fuera consejero delegado, y hoy consejero, de la entidad SCH, Rodrigo Echenique. Los palos en la rueda con los que los poderosos despachos de abogados que asesoran al Banco -en Madrid ningún despacho puede presumir de influencia si no trabaja para Emilio Botín- alargaron la instrucción son responsables de la tardanza. Pero Palacios, a quien el asesor de Botín y de Polanco, Matías Cortés, intentó amedrentar mediante una campaña de difamaciones, no se rindió nunca.

Lo de Botín es un caso único. Ha tenido el apoyo de los sucesivos gobiernos de Aznar con idéntico entusiasmo que el que ahora exhibe en su defensa el Ejecutivo Zapatero. Para los socialistas, por ejemplo, el presidente del BBVA, Francisco González, es un objetivo a batir, como lo son otros empresarios aupados con el PP, como Manuel Pizarro. Sin embargo, Botín es intocable, con cualquier gobierno de cualquier ideología. Lo mismo ocurre con la prensa: El País y El Mundo andan a la greña en todo menos en el tratamiento, siempre exquisito hacia el banquero cántabro.

No sólo eso, los asesores jurídicos de Botín suspiraban porque Javier Gómez Bermúdez, presidiera el Tribunal que juzgue las cesiones de crédito. Lo han conseguido. Gómez Bermúdez es la esperanza de Pedro J. Ramírez y demás partidarios de la Teoría de la Conspiración sorbe le 11-M. Bermúdez le ganó las oposiciones a Baltasar Garzón para la Presidencia de la Sala de lo Penal, pero su nombramiento ha sido ya revocado por dos veces en el Tribunal Supremo, y Garzón continua recurriendo los méritos de su colega. Precisamente Garzón, la gran esperanza de El País y del PSOE para terminar con la teoría de la conspiración, es decir, con Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez. Pero Botín está pro encima del bien y del mal, que no en vano ha sido el banquero que siempre ha financiado a El Mundo en general y a Pedro J. en particular.

Recuerden que Rafael Pérez Escolar, que está detrás de la Asociación de Defensa del Accionista, que junto a Izquierda Unida protagoniza la acusación particular, recusó a Gómez Bermúdez en el juicio contra Botín por las indemnizaciones multimillonarias de Amusátegui y Corcóstegui... ¡y consiguió la recusación! Pero es igual, Botín es el que hombre que une a la cuatro españas: la política, la económica, las periodísticas y la judicial.

Y así llegamos al 23 de noviembre de 2006. Empecemos con la abogacía del Estado. El vicepresidente Pedro Solbes lo tiene claro. Ha re-ordenado a la Abogacía del Estado que se abstenga de acusar a Botín. Curioso, porque el perjudicado con las cesiones de crédito es el fisco español.

Y lo peor, lo de la Fiscalía. Siempre que se le ha preguntado por las cesiones de crédito, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha respondido que estaba en estudio. La verdad es que lo tenía ya muy estudiado este mañana del jueves: el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota pidió hoy a la Sección Primera de lo Penal de este tribunal el sobreseimiento del caso.

Es lógico que Conde Pumpido haya mantenido la incógnita hasta el final. Porque lo más llamativo del escándalo de las cesiones de crédito, convertidas por el Santander en un refugio para el dinero negro, es que fiscales regionales están causando por los tribunales de media España a los titulares de cesiones mientras sus jefes en la Audiencia Nacional exoneran a quienes les facilito el instrumento para eludir a Hacienda, s decir, el Banco Santander.

Así que comienza un juicio 15 años demorado. La acusación particular solicita 48 años de prisión para el presidente del SCH, al considerarle culpable de que la Hacienda Pública perdiera 85 millones de euros. Se trata de una cantidad reducida, dado que la Audiencia ya rebajó, de forma bastante singular, el número de elusiones fiscales vía cesiones de crédito de las que se acusaba al Santander. Para ser exactos, el Santander realizó 47.000 operaciones de cesiones de crédito por un monto superior a los 2.500 millones de euros.

Y si todo falla, y Botín fuera condenado, no hay problema: El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, no le forzará a dimitir. Seguro.