El próximo viernes 18 Iberdrola celebra Junta General de accionistas en Bilbao. Ahora mismo, Iberdrola podría emitir nada menos que 2.400 millones de euros en obligaciones convertibles (400.000 millones de las antiguas pesetas) en obligaciones convertibles. Para ser exactos: Iberdrola tiene autorizada por la Junta de accionistas de la compañía una emisión de obligaciones en 2001, por valor de 1.200 millones de euros, válida por cinco años, y otra en 2004, por otros 1.200 millones de euros, durante otros cinco años. Pues bien, lo cierto es que la legislación española permite suprimir el derecho de suscripción preferente en las ampliaciones de capital (supresión por la que la Unión Europea ha abierto un expediente a España) pero lo prohíbe expresamente para las obligaciones convertibles.
Muchas grandes compañías españolas (BBVA, SCH, Telefónica o Fenosa) podrían ser acusadas de haber suprimido este derecho, y el Gobierno podría ser obligado a rehacer la reforma de la ley de Sociedad Anónimas que Rodrigo Rato promulgó en 1998, y que permite (al menos en determinadas condiciones) ampliar capital castigando al accionista con la supresión del derechos de suscripción.
