Ha pasado desapercibido. Pero el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la petición de extradición a las autoridades francesas de Mª Ángeles Aramendi Landa por delito de asesinato frustrado en relación con un delito de atentado a los agentes de la autoridad.
Además, se solicita a Argentina de varios delincuentes acusados de genocidio, terrorismo y torturas. A cambio, el gobierno le pone patas a la extradición a Argentina de 40 miembros de la anterior Junta Militar. El gobierno de Aznar decidió el 23 de agosto de 2003 paralizar el proceso de extradición de estos 40 procesados reclamados por Argentina. Pero Graziela Palacio de Lois (viuda de uno de los desaparecidos) e IU presentaron recurso contencioso-administrativo.
La Sala del Tribunal Supremo resolvió el recurso en mayo de 2005 instando al gobierno a que procediera a la extradición a Argentina, pero no ha sido hasta ahora (9 de febrero de 2007, casi dos años más tarde) que el Ejecutivo Zapatero da curso a la petición de extradición del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional para su extradición a Argentina. A esto se le llama respeto a las decisiones judiciales. Con agilidad.
