Es extraño que un banco convoque a su Consejo de Administración con un solo punto en el orden del día. Sin embargo, eso es lo que ha hecho el primer banco español, el Santander Central Hispano (SCH), el pasado jueves 11. Se trataba de analizar el nuevo brete jurídico en el que se encuentra Emilio Botín, una vez que la Audiencia Nacional y, en concreto, la juez Teresa Palacio se dispone a abrir el juicio contra su presidente, Emilio Botín, por las indemnizaciones pagadas al ex presidente, José María Amusátegui, de 44 millones de euros, y al ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, de 110 millones de euros. El Consejo muestra su "indignación con la imputación del presidente del banco, Emilio Botín, por decisiones del propio Consejo de Administración que fueron adoptadas por unanimidad". No queda claro si lo que pretende el mencionado Consejo es que la jueza Palacio impute a todos sus vocales, y no sólo a don Emilio, pero suponemos que no.
El comunicado del banco, además, alude a la actitud del Ministerio Fiscal en el caso, el cual, al igual que hizo con las Cesiones de Crédito, ha defendido las posturas de Emilio Botín y se ha opuesto, una y otra vez, a las decisiones de la juez Palacio para asombro de propios y extraños.
En cualquier caso, llama la atención que un Consejo de Administración valore, con tanta contundencia, una resolución judicial manifestando su "absoluta discrepancia".
