Ya estaba anunciado. Pero la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado ha sido publicada hoy miércoles 29 en el BOE. La LO 3/2004 de 28 de diciembre sustituye a la LO 3/1980 de 22 de abril. Tras 24 años de vigencia, el Consejo de Estado remoza las fachadas. 

La novedad más importante es la consideración de los ex presidentes del Gobierno como miembros natos del Consejo de Estado con carácter vitalicio. Ese valioso "caudal político" -argumenta la exposición de motivos- "acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución". De esta forma, se matan tres pájaros de un mismo tiro. Por una parte, se le otorga un sillón suficientemente satisfactorio a Felipe González, que, como ya hemos informado, además de dedicarse a la joyería, ocupa sus ratos libres a conspirar contra la nueva generación de socialistas que gobierna actualmente el país. 

Además, se quita de en medio a José María Aznar, que para muchos españoles sigue siendo un referente moral y político y para el que la salida por la puerta de atrás ha resultado deshonrosa y humillante. Anestesiado Aznar, Rajoy resulta menos peligroso. Por cierto, que la inclusión de los ex presidentes era una idea manejada por Aznar, que tiene poca voluntad de regresar a su actividad profesional. Algo que no ha preocupado demasiado a Felipe González ni tampoco a Leopoldo Calvo Sotelo.  

Por su parte, Adolfo Suárez no acudirá a la toma del cargo debido a su delicado estado de salud. Pero, ya de paso, Zapatero se garantiza una salida digna una vez que abandone el Gobierno. Pronto, si la "operación Borrell", a la que aludimos en nuestra edición del martes 28, logra su éxito. 

Por otra parte, la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado incluye la creación de la Comisión de Estudios, que colaborará con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Lejos de mermar la independencia del Consejo, los letrados consideran que se convierte en alguna forma de "OPA hostil" sobre el organismo de Presidencia. Se trata de convertir al Consejo en un organismo que vaya más allá del dictamen sobre los proyectos del Gobierno para adelantarse a las decisiones de Ejecutivo.