Aseguran sus próximos que el ministro de Industria no se tomará vacaciones pero lo cierto es que tampoco toma una decisión sobre las primas a las renovables. Tal y como está previsto en el momento actual, las subvenciones a las energías verdes -especialmente a la solar, en sus distintas modalidades- representarán 151.000 millones de euros hasta 2020, es decir, un plan de ajuste anual permanente como el aprobado en mayo, que congeló los salarios de los pensionistas, redujo el salario de los funcionarios y suprimió la única ayuda a la maternidad, el cheque-bebé.
Sí, Sebastián ha decidido que las licencias para fotovoltaicas no se puedan revender. Ya saben que en el sector se comentó que el fisioterapeuta de Manuel Fraga, siendo éste presidente de la Junta de Galicia, recibió como premio a su benemérita labor una licencia que, naturalmente, nunca pensó en explotar y vendió a un segundo. Hay licencias que incluso se han vendido cuatro veces y siguen siendo rentables gracias a las generosas subvenciones públicas que, además, comprometen al erario público para los próximos 25 años.
Mientras, José Manuel Entrecanales, uno de los grandes productores de energía solar continúa presionando al Gobierno para que no argentinice España. En otras palabras, para que la necesaria reducción de primas no se haga con efecto retroactivo. Y lo malo es que si no se hace con efecto retroactivo, dicho de otra forma, si no se reducen las primas ya concedidas -ya se hizo con la cogeneración y este subsector continuó su andadura- los compromisos se alargarán durante los 25 años ya comprometidos.
En resumen, para la economía española las subvenciones a la energía solar renovables suponen un verdadero cáncer. Ahora bien, la retroactividad, en efecto, y como asegura la Triple A (Abengoa, ACS y Acciona o, lo que es lo mismo, los Benjumea, Florentino Pérez y los Entrecanales), además de Isolux, supone introducir inseguridad jurídica. Pero es que la barbaridad perpetrada por el Gobierno Zapatero asfixia la recuperación económica. O eso, o una fuerte subida de la factura eléctrica, que ni Zapatero ni Rajoy quieren afrontar. Lo más lógico sería aplicar ese efecto retroactivo, pero el Partido Popular se niega a verse afectado por el consiguiente coste de imagen. Una de dos: o se fastidia a las empresas o se fastidia a toda la ciudadanía española subiéndole el coste de la luz.
En el PP, aseguran a Hispanidad, que quien concedió unas primas absolutamente abusivas para dárselas de ecologista fue Zapatero y que él debe pagar el pato. Es cierto, la demagogia del Ejecutivo, más verde que nadie, ha puesto al presupuesto público en una situación límite, pero también lo es que en el PP se niegan a asumir la responsabilidad de una medida impopular que, de no tomarse, amenaza la reducción del déficit público exigida por Europa así como la política de incentivos a la creación de empleo.
Miriam Prat
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