Las tabaqueras piden a Sanidad que no prohíba la venta de puros en bares y restaurantes. Alegan que los menores no fuman cigarros puros. Se busca un sistema para controlar la edad en el acceso a una cajetilla. Los alemanes afirman que es anticonstitucional permitir fumar y prohibir la publicidad sobre el tabaco.

La futura ley del tabaco se presenta como la más rígida de toda Europa y más restrictiva que la Directiva sobre publicidad del tabaco. La AET (Asociación Empresarial del Tabaco) intenta negociar con el Ministerio de Sanidad que se amortigüen algunos efectos de la norma. Todo ello marcado por el doble rasero que en todo Occidente emplean los Gobiernos a la hora de decidir su política tabaquera: salud o moda electoral, frente a impuestos. Así, en España, el único estudio existente (el famoso de la Pompeu Fabra, utilizado por el anterior Gobierno Aznar y por el actual Ejecutivo socialista), concluye que los gastos sanitarios que acarrea el hábito de fumar le cuesta a la sanidad pública unos 3.000 millones de euros al año frente a los casi 7.000 millones de euros que este año va a ingresar el Estado gracias a los fumadores. (Según Philip Morris, no es broma, a los 3.000 millones de euros habría que restarle el dinero que el Estado deja de pagar en pensiones de jubilación a aquellos fumadores que tienen la delicadeza de morirse antes debido a su afición a echar humo, y que representa un satisfactorio ahorro para el Estado).

En Sanidad afirman que la ley tiene tres objetivos: reducir las patologías provocadas por el tabaco, proteger a los menores del vicio de fumar y favorecer la tolerancia. Desde las tabaqueras, se afirma que los bares y restaurantes (conocidos como el segundo canal) representan un tercio aproximado de las ventas. Argumentan también que si se trata de proteger al menor, no parece que los adolescentes fumen muchos puros. Más bien con el cigarrillo tienen suficiente. Además, afirman, ¿qué mejor garantía de que se tendrá en cuenta la mayoría de edad que el hecho de que sea el dueño del establecimiento quien realice la venta? Al menos, eso supondrá una mayor garantía respecto a las máquinas expendedoras. Es más, para estas máquinas se vislumbra un cambio a la modalidad de fichas, fichas que a su vez deberían ser adquiridas en un establecimiento, para que los dependientes del mismo pudieran solicitar el Documento Nacional de Identidad al posible comprador.

La ley prohíbe asimismo fumar en los centros de trabajo, y no facilita la colocación de áreas de fumador. Así, podría ser que en España nos encontráramos con el síndrome american personas fumando en la puerta de los centros de trabajo. Por ejemplo, las tabaqueras proponen que se negocie esta circunstancia en los convenios colectivos. Con el proyecto de ley en la mano, simplemente no se podrá fumar en el trabajo, en ninguna circunstancia.

Con la publicidad ocurre algo parecido. La Asociación Empresarial del Tabaco (AET) considera que el proyecto de ley de la ministra Salgado exagera demasiado. La ley prohíbe, no sólo cualquier tipo de propaganda, sea a través de medios informativos, el patrocinio o las marcas paralelas (poner el nombre de una marca de cigarrillo a un equipo deportivo). Dejando a un lado que muchas actividades deportivas van a sufrir esta caída, la cuestión esencial la ha planteado los alemanes. Para los germanos, que han impugnado la Directiva europea sobre publicidad del tabaco, no puede permitirse una actividad y, al mismo tiempo, prohibir su promoción publicitaria. Si fumar es malo, prohíbase fumar, pero no se puede permitir el presunto vicio y prohibir su propagación. Y si no es tan malo, no caben las restricciones: cada cual debe ser libre para fumar o para no hacerlo. Los alemanes consideran que una prohibición de la publicidad resulta anticonstitucional. Dicho de otra forma, atenta contra los derechos constitucionales.

Pero que, además, el proyecto de ley español va más allá que la directiva, que permite el mantenimiento de ciertas formas de publicidad. Simplemente, el proyecto del Ejecutivo Zapatero elimina todo tipo de publicidad de cualquier signo.

La ley será aprobada por el Gobierno durante los dos primeros meses de 2005, y se pretende que pueda ser aprobada antes de las vacaciones de verano para ser aplicada a partir del 1 de enero de 2006.