Reproducimos la nota del Centro Jurídico Tomás Moro exigiendo la resolución de la querella interpuesta por esta misma entidad contra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido por negarse a instar la declaración de ilegalidad del PCTV.
El Centro Jurídico Tomás Moro presentó el pasado 29 de abril una querella contra el Fiscal General del Estado por posible prevaricación al negarse a instar la declaración de ilegalidad del PCTV. Los servicios jurídicos del Centro estiman que a partir del 31 de marzo, en el que el PCTV se declaró sucesor de Eukera Guztiak, no hacen falta más pruebas para su ilegalización, pues el artículo 9.3 e) de la Ley de Partidos Políticos, contempla el supuesto de ceder en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos, y el artículo 12.1 b) establece que se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.
Sin embargo, a pesar de las evidencias existentes, el Fiscal General del Estado, siguiendo ordenes del Gobierno, se negó a solicitar la ilegalización, y a pesar de que desde la presentación de la querella han ido apareciendo más datos que relacionan a ETA con el PCTV, se niega a hacerlo. Recientemente, el Juez Grande-Marlaska imputó a cuatro de los promotores del PCTV por colaboración con ETA, y se espera para el próximo 22 de septiembre la declaración de tres nuevos imputados.
La vía judicial, por otra parte, parece también plegarse a las ordenes del Gobierno, pues por Providencia del 10 de mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo abrió diligencias a raíz de la querella presentada por este Centro Jurídico y designó como ponente al Magistrado Giménez García, dando traslado de la misma al Ministerio Fiscal para que informara. El Fiscal, D. José Mª Luzón Cuesta, informó el 24 de junio solicitando el archivo de la querella, y ese mismo día se trasladó su informe al ponente para que propusiera la resolución correspondiente. Sin embargo, desde tal fecha han pasado casi tres meses y aún no se ha resuelto.
El letrado director de la querella y coordinador de los servicios jurídicos, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna opina que es extraño que se tarde tanto en resolver. En decidir si se estima o no una querella no se tarda nunca tres meses. Es evidente que hay indicios suficientes para entender que existe prevaricación por parte del Fiscal General del Estado, pues si no hubiera indicios de delito hace semanas que la habrían archivado.
El Presidente del Centro de Estudios, Víctor Lozano Martínez, declara, además, que tememos estar ante un caso más de interferencia del poder ejecutivo en el judicial. Los magistrados que forman la sala son cinco, los Sres. Bacigalupo Zapater, Jiménez García, Martínez Arrieta, Saavedra Ruiz y Sánchez Melgar. En una cuestión jurídica evidente, como es ésta, no se puede tardar tanto en ponerse de acuerdo... otra cosa es que por medio existan presiones políticas. Sólo entonces nos podemos explicar tanta demora en resolver.
