Periodista e ingeniero -muy conocido en Argentina por ambas facetas- colaborador de Hispanidad desde sus inicios, padre de 12 hijos y amigo entrañable, Pablo Caruso pudo perder la vida cuando se dirigía a su centro de trabajo, el pasado viernes 18, en un polígono industrial de Buenos Aires.

Tres malnacidos, portando armas de fuego de grueso calibre, le secuestraron en su propio coche. La reacción de dos empleados, que salieron en persecución de los miserables, y a los que éstos confundieron con la policía, truncó el atraco. A Pablo sólo le dio tiempo para pedirle que no se llevaran su rosario, regalo personal de Juan Pablo II durante uno de sus viajes periodísticos con el anterior Pontífice.

Conste que él se muestra agradecido a los dos empleados que salieron en persecución de los hombres armados en otro automóvil y también a su ángel custodio, porque lo habitual, al menos en Argentina, no es lo que le sucedió a él. Lo normal es que hombres, a veces adolescentes, armados con pistolas y escopetas, asesinen a la víctima de un tiro en la cabeza para poder robarle la cartera y las joyas con más tranquilidad. ¿Denunciar? ¿Para qué?

Lo que le ha ocurrido a Pablo Caruso no es un síntoma de lo que está ocurriendo en Argentina sino de lo que ocurre en todo el mundo. Los Kirchner han creado una filosofía política que consiste en abolir el Código Penal, es decir, que la humanidad se auto-regula y auto-protege. Es una consecuencia lógica del relativismo: ni nada es verdad ni mentira, tampoco existen el bien y el mal. Lo único que importa es la estabilidad y para conseguir esa estabilidad hay que sembrar la impunidad más absoluta. Los ladrones imponen la más primaria de las impunidades y los ciudadanos lanzan la contraoferta de mercado: se arman y defienden ellos solitos.

La doctrina del Gobierno de Cristina Fernández, entre cuyas funciones se encuentra la de proteger a sus ciudadanos, no es la de engrasar los cuerpos policiales y judiciales, sino la de que la sociedad se las arregle por sí sola. Es como la privatización de Montesquieu. El Estado cobra los impuestos a los particulares y los particulares se encargan de la autodefensa. El modelo se complementa con la impunidad de los delincuentes que saben que poseen patente de corso y que no tendrán que enfrentarse a un tribunal sino, en el peor de los casos, tendrá que enfrentarse a una población que ha decidido comprar armas para defenderse por sí sola. Y a todo esto le llamamos sistema garantista que, además, crea muchos puestos de trabajo en la industria de la seguridad privada. El modelo no es discutible, dado que ofrece una importante estabilidad política. Social no, callejera tampoco, familiar ni mucho menos, y personal ni de broma, pero estabilidad política, oiga una maravilla. Tengan en cuenta que los políticos  creadores del modelo garantista siempre van acompañados de gorilas, pagados por los ciudadanos, para que no tengan que acogerse a ningún tipo de garantía. Tanto es así, que casi ningún político argentino ha sido asaltado por un delincuente. Y las cifras oficiales lo certifican: en efecto, en todo Occidente, por ejemplo en España, los políticos, fiscales y policías, principalmente, aseguran que el número de delitos se reduce. Claro está que las estadísticas reflejan los delitos denunciados y el problema es que la gente no denuncia porque no confía, lo que se dice nada, ni en las fuerzas del orden ni en los tribunales, al grito colectivo de la maldición gitana: Juicios tengas y los ganes.

Y todo esto no sucede en Tanzania, donde forzados por la hambruna, la población se lanza a robar para comer. Sucede en una Argentina que, diez años después del corralito y corralón, crece al 9,1% (España cerró el mismo año en un -0,1%, para que se hagan una idea, mientras que el orgullo económico europeo, la Alemania de Merkel, creció el 3,6%).

Pero el sistema garantista de impunidad delictiva, es decir, de inmunidad delictiva, se ha extrapolado a todo el mundo mundial. Si la gente se está divorciando de los políticos no es menos cierto que también se está divorciando de los medios tradicionales, prensa, radio y TV. Sólo el periodismo ciudadano, es decir, Internet, habla de un aumento creciente de la inseguridad ciudadana y de la implantación de la ley de la selva.

Y es que lo que ocupa las portadas de los medios, los bombardeos de civiles en Libia o las revueltas en Irán, o el terrorismo, no es lo que preocupa a los ciudadanos. Lo que preocupa a los ciudadanos es la delincuencia común, la que le afecta directamente, la que le hace sentir miedo y, si lo traducimos a la moral, resentimiento, angustia y tristeza.

Así que menos garantismo y más justicia... y menos mentiras estadísticas.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com