La reforma del Estatuto catalán fue apoyada por el 36% de los votantes, un 15% menos de el vigente Estatuto de 1979. La elevada abstención deslegitima el resultado. La abstención superior al 50% evidencia el divorcio entre la sociedad catalana y una casta política obsesionada con cuestiones identitarias y soberanistas.

La suerte está echada. A menos que los jueces tengan el coraje de acogerse al derecho y determinar la nulidad del decreto de convocatoria del referéndum catalán, hay Estatut. Como quiera que los jueces quedarán sometidos a la jurisdicción plena de la Generalitat, me temo que va a ser que no. Son las ventajas de la "justicia de proximidad".

Descartada la legalidad, cabría plantearse la legitimidad de una consulta sobre un Estatuto que en el fondo no es sino una Constitución catalana encubierta. ¿Sería válida una Constitución aprobada por menos de la mitad de la población? La abstención, ligeramente superior al 50% es una muestra del divorcio entre la sociedad catalana y una casta política que se encuentra obsesionada con los sentimientos identitarios y soberanistas. Cuanto más nación sea Cataluña, más mandarán ellos.

Pero la cosa no termina de generar entusiasmo en al población. El Estatut no fue una demanda social. El problema territorial estaba en la cola de las preocupaciones de los ciudadanos catalanes, que -como todos- estaban más preocupados por el paro, la deslocalización y la digestión de la avalancha migratoria. Pero da igual. Maragall agarró el asunto estatutario como bandera con la que arañar votos nacionalistas y ser elegido president. Una irresponsabilidad de consecuencias incalculables. ¿Ahora qué?

Ahora tocará seguir peleando, porque el problema territorial ha sido cerrado en falso. De momento, no existe un gobierno estable para desarrollar el Estatut. La bronca política catalana seguirá presente, con amenazas de 3% incluidas. Por otra parte, el Tribunal Constitucional todavía no ha hablado. Pero cuando hable, probablemente deje el Estatut "limpio como una patena". Y será entonces cuando los catalanistas de todos los partidos vuelvan a sacar toda su artillería pesada.

No, no se ha cerrado el debate, más bien se ha abierto. Y se ha permitido que un 4% de la sociedad española decida sobre la ruptura del consenso constitucional. Porque el Estatuto introduce elementos que afectarán a todos los españoles. Según el artículo 182, la Generalitat designa o participa en los procesos de elección de los miembros del Banco de España, CNMV, CNE, CMT, Tribunal de Cuentas, y Agencia Tributaria. Por supuesto, el Estado no puede decir esta boca es mía en los asuntos propios de Cataluña.

Además, de acuerdo con la política lingüística (art. 143), los españoles que no hablen perfectamente catalán, no podrán trabajar en Cataluña. ¡Toma respeto del bilingüísimo! Y por último, los acuerdos internacionales que quiera suscribir España, deberán de gozar del visto bueno de la Generalitat en la medida en que afecten a sus competencias. ¿Tiene sentido que todo esto haya sido aprobado por un 4% de los españoles?

Además, sólo el 36% de los catalanes ha aprobado el Estatut. El resto se sienten ajenos al texto, aunque la reforma estatutaria les dejará fuera de la unidad de mercado, de la igualdad de trato en los procesos judiciales y sobre todo de la misma definición de derechos y libertades, que es lo que precisamente define una nación.

El modelo de derechos y libertades del Título 1º, a pesar de ser diferente al del resto de España, constituye un verdadero programa político laicista e intervencionista. Propone el aborto libre, la escuela laica y la legalización de la eutanasia. Una aberración que Unió Democrática apoya por una simple venta de principios. Durán aspira a ser canciller de Zapatero y eso debe de valer más que los principios. Además, si no le gustan nuestros principios, ya saben, tenemos otros. Y nada como los principios de mes

Luis Losada Pescador