El Gobierno era consciente de que mantener la tensión durante mucho más tiempo sobre este asunto no era muy conveniente, así que la vicepresidenta De la Vega, ha optado por abrir la puerta a la objeción de conciencia. Reitera que la ley obliga a los funcionarios públicos y a todo ciudadano, habría que añadir- pero sostiene que si un concejal no quiere casar, seguramente habrá otro que sí quiera hacerlo.
De esta manera sale al paso de la polémica desatada y de la guerra abierta contra la objeción de conciencia declarada por el mismo Gobierno. De la Vega no ha querido entrar a polemizar sobre las declaraciones que el portavoz de la Conferencia Episcopal realizaba en la mañana del miércoles. El P. Martínez Camino insistía en la objeción de conciencia contra una ley calificada como injusta. No hay ninguna confrontación. El gobierno reconoce el derecho de la Iglesia a que dicte los mensajes que considere oportunos a sus fieles en el ámbito de sus competencias, pero quiero recordar que el gobierno cumple con su deber y que el que legisla el matrimonio civil es el Gobierno, perdón, el Parlamento. El subconsciente, que siempre deja mal...
