La semana del puente de la Inmaculada ha comenzado con Juan Ramón Quintás, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), dirigida, por más que se oculte tras un diplomático velo, contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), al que acusa de querer convertir a las cajas en bancos.
Y es cierto, don Juan Ramón, pero también lo pretenden otros, como los aparatos centrales, tanto del PP como del PSOE, deseosos de robarles a las comunidades autónomas el poder que ahora poseen con las cajas de ahorros. Esos gobiernos autónomos son, es cierto, co-responsables de la mala situación de las cajas, pero habrá que aclarar que si las cajas de ahorros están en pésima situación (la exclusiva del informe que está utilizando el Banco de España que publicara Hispanidad en su última edición así lo demuestra) no es porque sean cajas, sino porque se han comportado como bancos, incluso como bancos de inversión y encima bajo la presión de los políticos regionales. Pero la culpa no es del modelo de cajas sino, precisamente, de la bancarización de las cajas y, también, del poco loable papel de los políticos autonómicos.
En cualquier caso, el gobernador aquí de acuerdo con el Gobierno Zapatero, que es quien pone el dinero a través del FROB, ha decidido romper la ley sin modificarla. Anda cargado de razón Quintás porque la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) de 1985 y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional otorgaba toda la razón a las cajas de ahorros. Por tanto, o se cambia la LORCA o se cumple, pero no se chulea que es lo que está haciendo PSOE, PP y MAFO.
Éste último, además, ha tocado la fibra sensible del elitista cuerpo de inspectores del Banco de España. En Hispanidad ya hemos informado reiteradamente que MAFO, el primer gobernador con carné de partido político, tiene a los inspectores aparcados en sus mesas de despacho. Sólo los técnicos de confianza requieren su atención.
El cambio cualitativo es grande porque si bien el Banco de España siempre ha sido una institución al margen del Estado de Derecho, su idiosincrasia consistía en redactar sus propias normas pero, eso sí, cumplirla a rajatabla. Con MAFO, por contra, ha entrado la arbitrariedad en la solemne institución. Ahora se ha empeñado en privatizar las cajas y arrebatárselas al poder de las Comunidades autónomas, no para que sean de sus accionistas sino para crear una casta bancaria a su medida, es decir, para que sean suyas. El ultimátum de corte corleónico a Cajasur fue un paso más en este proceso de arbitrariedad y ahora ha dado otro. Lo contaba el diario ABC, propietario de la exclusiva, el pasado sábado: MAFO va a contactar, mediante cazatalentos, a reflotadores de bancos y cajas. Probablemente, prejubilados del sector.
La decisión ha caído como una bomba entre el cuerpo de inspectores. Se supone que para eso están ellos.
Si a ello unimos el cabreo existente en el Servicio de Estudios, y en el propio Malo de Molina, por las intromisiones del gobernador -algo nunca visto- podríamos decir que la arbitrariedad más absoluta reina en el instituto supervisor. La arbitrariedad de MAFO, se entiende.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
