El ministro de Industria, Joan Clos, se compra la misma respuesta que la ofrecida por De la Vega el pasado viernes
Este lunes el ministro de Industria, Joan Clos, comparecía en entrevista radiofónica en Catalunya Infomació. Obviamente le preguntaron por los 151,8 millones de euros de sanción que la Comisión Europea había impuesto a Telefónica por impedir la libre competencia en el negocio de ADSL. Clos calificó la cuantía de "espectacular" y señaló que estudiarán el expediente de sanción y que actuaran si se demuestra que España ha sufrido un trato discriminatorio. Respuesta de carril, exactamente la misma que la ofrecida por la vicepresidenta De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes.
Sin embargo, lo que llama la atención es que no haya una posición más contundente por parte del gobierno. Tanto De la Vega como Clos vienen a decir que necesitan conocer la letra pequeña para tomar una decisión. Sin embargo, el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, sin conocer la letra grande, ya adelantó algunas cosas. La primera que la contradicción entre la Comisión Europea y la CMT podría generar "inseguridad jurídica". Exactamente el mismo argumento que defendió el ‘hearing' informal celebrado hace tres semanas en Bruselas.
Pero además, defendió que la actuación de la CMT se ajustaba a los principios comunitarios de garantizar la inversión estable y la competencia y se atrevió a afirmar que de haber seguido los principios de Bruselas no habría competencia en el mercado de las telecomunicaciones español. No ha habido efectos negativos porque la cuota de mercado del operador dominante cayó del 95% al 55% actual y no ha habido efecto expulsión de los competidores, sino más bien todo lo contrario.
¿Era muy difícil responder algo así? Al parecer sí. De la Vega y Clos se abonan al falso principio de prudencia, probablemente porque no piensan recurrir, porque deben de pensar que atizar a Telefónica no sólo sale gratis sino rentable. Claro que ahora Telefónica podría negarse a comerse el marrón de Sogecable.
El caso es que preguntado Reinaldo Rodríguez sobre si la CMT –o sea, el gobierno, que es quien tiene legitimidad para personarse en el proceso- acompañaría a Telefónica en su recurso ante Luxemburgo, responde con ambigüedad. ¿Por qué? Probablemente porque el gobierno ya le advirtió de su nula disposición para emprender ese viaje. Eso es un gobierno que defiende el interés nacional. La mayor multinacional de España a los pies de los caballos por cumplir lo que le dicta su regulador nacional y el gobierno pendiente de la letra pequeña.
