Ya puestos, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales propone también extender la pensión de viudedad a las parejas de hecho debido a los cambios en la sociedad de los últimos tiempos. Ya saben, "hay que llevar la realidad de la calle a la legalidad". Lo que no se acaba de entender es por qué alguien que ha optado libremente por no contraer matrimonio constituido exige derechos propios de dicha fórmula legal. Sería algo así como exigir el abono de las horas extras por parte de quien no las presta.
La medida puede resultar muy progre, pero también muy injusta. Quien se casa, libremente, asume frente al cónyuge unos derechos y unos deberes. Y frente a la sociedad formaliza una unión que le hace socialmente diferente al momento anterior. Esto es vivir en sociedad y buscar garantías jurídicas. Quien, sin embargo, opta por la unión libre, es libre de vivir su supuesta anarquía afectiva. Pero no es comprensible que exija los mismos derechos de quien ha formalizado su relación.
Luego vendrán los jueces para determinar si aquella pareja de hecho escondía "de facto" una relación matrimonial. Pero eso sería entrar en la casuística. Lo que manda el derecho es que las normas se cumplan y que quien exija unos derechos esté en disposición de aportar unos compromisos. A no ser que nos encontremos frente a la sociedad del capricho. Pero, entonces, no vale apelar al estado de derecho.
