La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE porque su legislación nacional permite a las empresas cotizadas, discriminar a los accionistas cuando emiten nuevas acciones y obligaciones convertibles.
La Comisión entiende que esta discriminación vulnera el principio de igualdad de trato y los derechos e preferencia que la II Directiva sobre Derechos de Sociedades confiere a los accionistas (arts. 42 y 29, respectivamente). El derecho de suscripción preferente, afirma el Ejecutivo comunitario, tiene por objeto fomentar la inversión garantizando a los antiguos accionistas que serán los primeros en tener la oportunidad de adquirir acciones de nueva emisión.
Y es que España, gracias a la legislación del Gobierno Aznar, que protegió la impunidad de los Consejos de administración a la hora de suprimir las suscripción preferente o simplemente otorgar la preferencia a la hora de suscribir obligaciones a quienes desearan, se ha topado, por fin, con la justicia comunitaria, la única que ha hecho caso de las reclamaciones de José María Tervijano, quien ha luchado durante años para que se reconozca un derecho consuetudinario, sin el cual el pequeño accionista, especialmente en ciclos bajos, queda abandonado a los caprichos de los presidentes de grandes bancos o corporaciones.
En España, las dos empresas que han abusado con mayor descaro de la supresión arbitraria del derecho de suscripción preferente han sido los dos grandes bancos: SCH y BBVA. En este último caso, además, Trevijano ha tenido que soportar los insultos de Francisco González en las juntas de la entidad vasca. Pues bien, por el momento ha conseguido dos victorias: que la Comisión haya abierto expediente al Reino de España y ahora que, además, haya decidido llevar a España ante los Tribunales comunitarios.
