Asistimos, estimado público, a un espectáculo francamente apasionante: la lucha de un banquero por neutralizar a una juez y por controlar a todos los medios informativos, de uno u otro signo. El banquero es el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, la juez de la Audiencia Nacional es Teresa Palacios y los medios es el sistema informativo español, al menos los grandes señores de la prensa, casi al completo.

 

Por ejemplo, hay dos medios, uno de información general y otro especializado, que han convertido el caso Botín en el caso Amusátegui (no se sabe por qué, el otro acusado, Corcóstegui, no se ha visto implicado en titulares). El Grupo Prisa ha empleado con Botín el perfil bajo (en este punto, rozan la genialidad), una táctica que puede resumirse así: "Para los amigos de la Casa, radical objetividad; para los enemigos, análisis".

 

El SCH financió en su día la recompra de acciones de la editorial a Pedro J. Ramírez, y, al igual que hizo con ABC y con El País, se ofreció a patrocinar lo que nadie quiere pagar: los suplementos culturales de los tres grandes diarios. Naturalmente, dado el nuevo sistema de relaciones entre grandes medios y grandes banqueros no es necesario que la publicidad aparezca en el producto en el que se paga: ahora la moda entre determinados anunciantes e, insistimos, grandes editores, consiste en pactar un fijo al año, que se puede ejecutar en periodos valle o en periodos de gran venta, a gusto del consumidor. Naturalmente, el medio se cuidará mucho de no resultar estridente cuando mencione al presidente de la firma afectada.

 

Pero hay más. Si el Grupo Prisa ha pasado como de puntillas, el principal periódico económico, Expansión, ha preferido abrir edición (miércoles 28) con la salida de las tropas españolas de Iraq. El titular ha sido: "La juez abre juicio oral por las jubilaciones del Banco Santander". Sólo en el subtítulo aparece por primera vez el nombre de Botín, pero sólo para que quede bien claro que "el fiscal pide archivar la causa contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui". Financial Times, propietario de Recoletos, también se ha mostrado lacónico, justo al revés que Wall Street Journal, que decidió dedicarle tres columnas en portada. El hecho de que Jaime Castellanos, presidente de Recoletos, sea cuñado de Emilio Botín, no debe dar pie a inferencias de ningún tipo.

 

Pero controlar a los medios informativos a costa de publicidad, líneas financieras, apoyo en procedimientos de expansión, etc, no es una novedad. El competidor de SCH hace exactamente lo mismo: se gasta el dinero de sus accionistas para proteger a su presidente, Francisco González. En el caso de Botín, el segundo objetivo, por ahora fallido, consiste en "bloquear al hombre, que no al balón". Es la técnica Matías Cortés. El abogado y asesor áulico de Emilio Botín, que triunfara con dicha estrategia en el caso Sogecable, consiguió que Jesús Polanco, para quien trabajaba, resultara indemne y que el juez que pretendía encausarle, Javier Gómez de Liaño, fuera condenado por prevaricación y tuvo que regresar a la abogacía.

 

Cortés ha coordinado una maniobra de difamaciones contra la juez Teresa Palacios, instructora tanto del caso de las cesiones de crédito como de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui, que sólo han conseguido enrabietar a dicha juez. Trece años lleva Palacios con el caso de las cesiones de crédito y, por ahora, uno con el de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui. Y a pesar del recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que está en juego en el próximo juicio oral es una práctica muy habitual en el mundo de la gran empresa: un puente de plata para el enemigo que huye. Es decir, la acusación pretende demostrar que Emilio Botín pagó a Amusátegui y Corcóstegui con dinero de todos los accionistas, para que se marcharan y le dejaran a él todo el poder. Al final, la acusación pide para Botín penas de cárcel que podrían alcanzar los 20 años. En cualquier caso, una mínima condena supondría su inhabilitación. De hecho, el acusador, Franco Otegui, se ha apresurado a solicitar su dimisión.

 

Lo más llamativo es que la reacción de la entidad ha sido la misma. En terminología actual, podríamos decir que no ha cambiado de "talante". Insiste en confiar en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, último invento del equipo de abogados más poderosos de España, que asesora a Emilio Botín y apoya al coordinador de toda la defensa del banquero: Jaime Botín.

 

Pero Teresa Palacios no tiene prisa. Precisamente, esa es su gran virtud. No es de extrañar que Wall Street Journal se preocupe por ello. No sólo por los escándalos financieros norteamericanos, sino porque el caso Botín se parece bastante a otros asuntos como el de Mannesmann: el puente de plata al enemigo. Y en tiempos de buen gobierno corporativo, a lo mejor estamos inventando un tipo de delito.

 

Ahora bien, hasta el momento, no cabe duda de que la gravedad de las cesiones de crédito supera la de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui. En cualquier caso, la batalla es apasionante.