Sus ‘profesionales' piden el levantamiento del secreto del sumario para evitar "indefensión"
El Gobierno siempre ha defendido que hay que defender la confidencialidad e intimidad de las mujeres que han abortado. Es más. De la Vega llegó a amenazar a los jueces que habían llamado a declarar a las mujeres en calidad de testigos. "No vamos a consentir que ningún poder del Estado viole la confidencialidad e intimidad de las mujeres".
La jueza de Barcelona que instruye el ‘caso Morín' comparte este criterio y es precisamente por proteger la intimidad y confidencialidad de las mujeres por lo que declaró el secreto de sumario. Única y exclusivamente por eso. Finalmente ha decidido abrir parcialmente el secreto de sumario a las partes, dejando en el anonimato la identidad de las mujeres que han actuado de testigos. De esta manera se sabe lo que han testificado, pero no quiénes.
Pues bien, según ha podido saber Hispanidad de fuentes judiciales, son ahora los ‘profesionales' que actuaban a las ordenes de Morín quienes consideran que ese secreto les perjudica. Considera la anestesista Esther Santacana (Colegiada 25.407) que ese secreto parcial le ha causado "lesión en sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva". Y por esa supuesta "indefensión" solicita al juzgado el pasado 25 de marzo que se den por "nulas de pleno derecho" las actuaciones practicadas. Y no es el único caso.
No explica Santacana por qué se produce indefensión al desconocer el nombre de las mujeres que han actuado como testigos protegidos. Porque conoce qué dicen, pero no quién lo dice. ¿Y para qué lo quiere saber? ¿Quizás para ‘ayudarlas' a preparar su testifical? ¿Es por esto por lo que se produce indefensión? Lamentable.
Así que quien verdaderamente no ha querido proteger la intimidad de las mujeres son los ‘profesionales' que se han lucrado de su sufrimiento. Son los mismos que en el caso del centro Dator de Madrid, no tienen el menor escrúpulo en tirar a la basura ordinaria sus fichas ‘sanitarias' y sus facturas con nombres y apellidos. Y estos desalmados que incumplen la Ley de Protección de Datos, facturan en negro (según testimonian las mujeres), y sobrepasan generosamente los límites de la despenalización han sido los únicos interlocutores con el gobierno para una eventual reforma de la ley y/o el reglamento de la Ley del Aborto. Si el Gobierno no conocía estos extremos era ignorante, pero si los conocía, es cómplice. Y ahora no vale predicar confidencialidad cuando son los propios aborteros los que señalan que les "lesiona su tutela judicial efectiva".
