La primera vez que el Pacto de Toledo saltó por los aires, tras los sucesivos consensos alcanzados desde su fundación, fue en diciembre de 2010. Los grupos de izquierdas, salvo el PSOE, votaron en contra de las recomendaciones propuestas por la comisión del Congreso de los Diputados que lleva su nombre. La reforma del sistema público de pensiones que pretendía el Gobierno de Rodríguez Zapatero, siguiendo las recomendaciones de Bruselas, se asegura, que tras una llamadita de Obama, tampoco contaba con el visto bueno de las organizaciones sindicales. En este escenario complicado, se rompía el acuerdo que inspiró en su día a Felipe González y a José María Aznar a crear el Pacto. 

Sin embargo, siete meses después, el Congreso de los Diputados, aprobaba la reforma de las pensiones que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años, tras alcanzar, ahora sí, un acuerdo exprés con los agentes sociales.

El Pacto contempla que las reformas en la Seguridad Social se tomen por consenso y pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo

El Pacto de Toledo se creó en el año 1995 con la intención de sacar las pensiones del debate político. La decisión, que fue muy aplaudida en aquel momento, se puede dar, al menos y a día de hoy, por enterrada. Todos hemos sido testigos de que, en los últimos años, los partidos han utilizado el Pacto de Toledo como un campo de batalla más de su ‘guerra de trincheras’ para ganar el voto de los pensionistas, colectivo de grandes dimensiones.

El Pacto se llama ‘Pacto de Toledo’ porque se proyectó en una reunión en el Parador de la capital castellano manchega entre PP-PSOE-CiU e IU. La idea era sacar las pensiones del debate electoral. Es decir, que a partir de ese momento, las reformas en la Seguridad Social se tomarían por consenso y pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El Pacto de Toledo recogía 15 recomendaciones. Entre otras, la separación de fuentes de financiación, es decir, que mediante cotizaciones se financiarán las prestaciones contributivas y el resto pasará a pagarse mediante impuestos; se recomendaba constituir una hucha para guardar el ahorro y afrontar ciclos adversos, lo que se conoce como Fondo de Reserva; que se ampliaría de forma gradual el periodo de cálculo de la pensión; la edad de jubilación se mantendría en los 65 años, “pero incentivando la vida activa voluntaria más allá de esa edad”; para mantener el poder adquisitivo, se revalorizarán las pensiones según el IPC.

En 2011, y  por decreto, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió la revalorización de las pensiones

Al margen del Pacto ha habido cambios, reformas muy importantes, trascendentales. En 2011, y por decreto, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió la revalorización de las pensiones. De todas las prestaciones, excepto de las mínimas y las no contributivas. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, tras crear una comisión de expertos, acometió una nueva reforma saltándose el consenso. Lo destacado fue que se desvincularon las pensiones del IPC. Ahora se tiene en cuenta el estado del sistema, así que, en épocas de vacas gordas se puede llegar a un aumento de la pensión del IPC más un 0,5%, mientras que en épocas de vacas flacas la subida será del 0,25% independientemente de la evolución de los precios.

También se introdujo el polémico factor de sostenibilidad, del que luego renegó el propio PP, por el que se introduce un mecanismo automático de cálculo de la pensión que estará vinculado también a la esperanza de vida y a los fondos que tiene disponible el Estado. Pero la reforma de 2013 quedó en papel mojado cuando Mariano Rajoy cedió ante el PNV para buscar su apoyo a los PGE de 2018

En las últimas semanas, y más aún en los últimos días, el Gobierno había presionado a los grupos para cerrar un pacto antes del 28-A pero sus planes no se han cumplido “cuando el objetivo parecía conseguido”. Quien hace saltar por los aires las negociaciones fue, precisamente, el partido que más derechos ha reivindicado para los pensionistas, y socio preferente del Gobierno: Unidos Podemos.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, tras crear una comisión de expertos, acometió una nueva reforma al margen del acuerdo

El preacuerdo que se ha quedado en la cuneta incluía la revalorización de las pensiones según el IPC real, una medida que el Gobierno podría intentar aprobar por real decreto-ley antes de que concluya la legislatura.

En el año 2025 se marcaba el plazo para acabar con el déficit de la Seguridad Social, en estos momentos del 1,5% del PIB. Se proponía además que la Seguridad Social no tuviera que asumir gastos que no le son propios, como por ejemplo, bonificaciones y prestaciones por maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales

Se contemplaba también asumir algunas de las las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como “redistribuir los porcentajes de las cotizaciones sociales, de forma que suban los que se destinan al sistema de pensiones y baje el que se destina al Servicio Público de Empleo (SEPE)”, que tiene superávit.

También de la AIReF plasmaban la idea ampliar el periodo de cálculo para la pensión, llegando incluso a toda la vida laboral, como ocurre en otros países, y acercar la edad real de jubilación, en la actualidad de 62,7 años, a la edad legal que ascenderá a 67 años en 2027, endureciendo los requisitos para poder jubilarse de forma anticipada.

El prepacto que se ha quedado en la cuneta incluía la revalorización de las pensiones según el IPC real

Otras medidas eran fomentar planes de pensiones de empresa, garantizar las pensiones a los jóvenes, que los autónomos coticen por ingresos reales o que se integren los regímenes especiales en el Régimen General.

También planteaban estudiar, al menos eso es lo que se ha filtrado, un ‘impuesto al robot’, para suavizar el impacto de la tecnología en el mundo laboral que podria provocar una caída en el pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social.