La Justicia francesa ha imputado este jueves a Lafarge, gigante mundial del cemento, por su supuesta complicidad con crímenes contra la humanidad en Siria. La cementera franco-suiza está bajo sospecha de haber financiado entre 2012 y 2014, mediante el pago de tasas al transporte y la compra de materias primas, a varias facciones armadas sirias. Entre ellas, al Estado Islámico cuando controlaba ciudades y carreteras próximas a la fábrica de cemento en el noreste del país, recoge El País.

Los jueces franceses imputaron en diciembre de 2017 a ocho exdirectivos de Lafarge, pero la imputación de la multinacional por sus acciones en tiempos de guerra representa una novedad. Los otros cargos que afronta Lafarge, como persona moral, son por financiación de empresa terrorista, puesta en peligro de terceras personas y violación de embargo.

Los jueces han impuesto a la empresa una fianza de 30 millones de euros

La organización no gubernamental Sherpa, que junto al Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales está en el origen de la denuncia, celebró la inusual decisión de que una empresa sea imputada por complicidad con crímenes contra la humanidad. “Este caso debe crear un precedente para todas las empresas que alimentan conflictos armados”, dijo la directora de Sherpa, Sandra Cossart. Los jueces han impuesto a la empresa una fianza de 30 millones de euros.

Lafarge compró en 2007 una cementera en Jalabiya, a 150 kilómetros de Alepo y 90 de Raqa. Tras renovarla, empezó a funcionar en 2010, con una capacidad para producir 2,6 millones de toneladas al año. Era la mayor inversión extranjera en la Siria de la preguerra si se excluye al sector petrolero. Un año después, empezaba la guerra civil. Lafarge decidió mantener abierta la cementera de Jalabiya “a toda costa”, según detalla una investigación de Le Monde, que en 2016 reveló “los arreglos turbios e inconfesables” de la multinacional con el Estado Islámico y otros grupos terroristas. El exdirector general adjunto Christian Herrault, uno de los directivos imputados, sostiene que el Ministerio francés de Exteriores estaba al corriente de la decisión de la multinacional de seguir en Siria pese al estallido del conflicto, y la avaló.

Si Lafarge financió al Estado Islámico, fue por medio del pago de peajes y salvoconductos, además de la compra de suministros

Al inicio de la guerra, el Ejército sirio garantizó la seguridad de la fábrica. Después se encargaron las fuerzas kurdas. En la primavera de 2013, con el avance del Estado Islámico, esta organización se convirtió en la interlocutora de los responsables de Lafarge en Siria. Era, tal como lo describe Le Monde, un mundo de claroscuros donde los hombres de negocios se debatían entre la presión para buscar beneficios, los límites de la ley y la moral.

Para la filial siria de Lafarge, la prioridad era mantener abiertas las rutas que permitían circular a sus empleados y sus mercancías. Era, también, asegurarse el suministro de carburante y de materias primas para la elaboración del cemento. Y si para lograrlo había que tratar con el demonio, se trataba. Si Lafarge financió al Estado Islámico, fue por medio del pago de peajes y salvoconductos, además de la compra de suministros. La agencia France Presse eleva los pagos —en los que incluye no solo al Estado Islámico sino a otros grupos— a 13 millones de euros entre 2001 y 2015. La fábrica cayó en manos del Estado Islámico en septiembre de 2014.

Varios correos electrónicos indican que estaban al corriente

Uno de los puntos que deberá aclararse en el juicio es hasta qué punto la central de la multinacional en París participó en las decisiones de sus empleados en Siria, y si los pagos pueden considerarse una extorsión o bien una contribución a un grupo criminal. Varios correos electrónicos indican que estaban al corriente. Entre los imputados el pasado diciembre por financiación de una organización terrorista —no por complicidad con crímenes contra la humanidad— figuran el exdirector ejecutivo Bruno Lafont.