Muy propio del gobierno sociopodemita español: "no quieres caldo, pues toma dos tazas". Traducido a la batalla por la libertad de enseñanza, ¿que el sector de la concertada, los privados concertados y la educación especial no quieren la 'ley Celaá'? pues la nueva legislación llegará al Congreso en sólo seis días.

¿Qué quiere decir esto en la práctica? que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. Dicho dictamen será votado (junto a las enmiendas que no entraron en él, llamadas «vivas») en Comisión de Educación mañana viernes. Todo esto será llevado, tal como recoge ABC, y votado nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26, como estaba planteado anteriormente (allí se le volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento).

Insistimos, esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado.

Después de la tramitación en el Senado (que se estima que durará unos dos meses) el texto volverá al Congreso para convertirse en ley definitivamente. Lo que podría producirse en tan solo tres meses. 

Mientras, según publica ABC, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) han publicado este miércoles un informe en el que aseguran que un 89 por ciento de colegios concertados (han analizado 336 de los 3.000 que hay en todo el país) cobran cuotas obligatorias y, por ende, ilegales, al vulnerar la Ley Orgánica de Educación.

La educación pública se ha unido con el sector de la educación privada (sin concierto) en un objetivo común: atacar a la concertada. ¿Por qué? Porque si esta desaparece, se benefician ambas: los que no van a la pública -siempre que tengan recursos, claro está- se irían a la privada. Ceapa y Cicae aprovecharon, además, para «echarle un capote» a la «ley Celaá» y pidieron que esta controle el cobro de cuotas a las familias.

Todo esto dejando atrás el hecho de que un alumno de la pública le cuesta al Estado -es decir, a todos los españoles (los padres de la concertada también están incluídos)- 6.000 euros frente a los 3.000 que supone un estudiante de la concertada.