El Corte Inglés asegura su estabilidad accionarial con dos accionistas, Marta y Cristina Álvarez Guil, que mantendrán un control total sobre la empresa
Ya hemos contado en Hispanidad cómo César Areces Fuentes se había querellado contra las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil por presunto delito fiscal: no abonar 900 millones de euros a la Comunidad de Madrid por la herencia de Isidoro Álvarez.
Además, Areces Fuentes envió a la presidencia de la Audiencia Nacional un escrito de queja exigiendo una investigación por la actitud de sospechoso del magistrado, Manuel García-Castellón, al que acusaban de no inhibirse cuando había participado activamente en los cursos de la Fundación Ramón Areces, por tanto, habría cobrado de El Corte Inglés, ergo debía haberse inhibido. Es más la petición era el paso previo en caso de que no fuera tenida, de una querella por prevaricación contra el juez de moda, ahora mismo el magistrado más famoso de España.
La querella de la hermana de Isidoro ampliaba el delito fiscal a otros cargos, como estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, pero Castellón ha remitido a su auto del 22 de mayo
Por último, la hermana de Isidoro Álvarez, María Antonia, se sumaba a la querella de Areces Fuentes corregida y ampliada: ya no sólo acusaba a Marta y Cristina Álvarez Guil de delito fiscal sino que añadía blanqueo de dinero, falsedad documental y estafa.
Pues bien todo ha quedado en agua de borrajas, porque con fecha 22 de mayo el juez García-Castellón ha archivado la querella de Areces Fuentes y ha comunicado a María Antonia Álvarez que su impugnación seguirá el mismo camino, marcado por el auto de Areces: archivo y no se hable más.
La presidenta de El Corte Inglés ha vuelto a ganar. Ahora, el problema queda en el juez García-Castellón si los equipos jurídicos de Areces Fuentes cumplen su amenaza.
