Hoy ha publicado el diario El Mundo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se estanca porque el PP descarta que se llegue a un acuerdo "en los próximos meses”. En concreto, el líder del PP, Pablo Casado, se ha plantado y exige más garantías de que Podemos quedará fuera del proceso. Si no hay acuerdo, Lesmes hará más nombramientos si no hay signos de desbloqueo.

Esta mañana, en un desayuno informativo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, parecía querer responder a esa información al asegurar que el acuerdo para la renovación del CGPJ "sólo falta hacerlo público", si bien esta circunstancia también "forma parte del acuerdo" por lo que no puede poner fecha a dicho anuncio.Preguntado si en dicho acuerdo se prevé que haya vocales de Podemos, Campo ha señalado que "ello dependerá del grupo parlamentario", para añadir que "nadie tiene el marchamo de la calidad".

Cabe recordar que el Gobierno social-comunista, a instancias del titular de Justicia Campo, aprobó la semana el anteproyecto de Ley de Enjuciamiento Criminal.

Pues bien: esta mañana La Razón destacaba que la citada reforma contempla privar de valor probatorio las declaraciones de testigos y peritos, relegándolas «a mera fuente de investigación». Declararán ante el fiscal y las defensas preguntarán «a través del fiscal».

Además, el fiscal pasará a ser el «director del procedimiento de investigación oficial». El ahora juez de instrucción, por su parte, se convertirá en Juez de Garantías, el «garante de los derechos individuales» y quien debe autorizar las medidas que pretenda llevar a cabo el fiscal cuando supongan una «injerencia en derechos fundamentales».

Conclusión: estamos al borde mismo de una justicia arbitraria. Pero la derecha continúa empeñada en la formación del Consejo General del Poder Judicial que es eso: poder judicial pero no justicia.