El Gobierno envía un correo electrónico a los empleados del BOE para silenciar las “chapuzas”

El volumen sin precedentes de reales decretos exprés que emite el Gobierno ha obligado a desplegar un dispositivo sin precedentes de 24 horas del personal que trabaja en el BOE. Estos funcionarios, además de saturados, están molestos por la presión, las filtraciones del propio Ejecutivo que les pone en evidencia y las numerosas horas extra que no se plantean remunerar. Ante las quejas de los trabajadores y la posible repercusión, el Gobierno ha enviado un email a todos ellos subrayando la confidencialidad de las comunicaciones entre ministerios y ellos, los encargados de elaborar cada día el boletín, corregir las erratas de quienes redactan las leyes y maquetarlo. «Es un modo de blindarnos, de evitar poner en entredicho la forma en la que nos hacen trabajar y sacar a la luz lo que está ocurriendo», relatan con preocupación. Todos ellos piden su condición de anonimato para participar en este artículo ante las consecuencias que pueda tener para ellos. «Es curioso que precisamente ahora nos hablen de confidencialidad cuando en todos los años que llevo de profesión nunca lo han hecho, pero en este momento parece que tienen miedo por las que les puedan caer», afirman. (La Razón)

El Gobierno está obligado a dar a conocer los nombres del equipo de expertos del Ministerio de Sanidad que decide los cambios de las fases de la desescalada. Al menos dos textos legales impelen al Estado a hacer pública la composición de los comités que trabajen en contenidos de salud pública. Y lo hacen bajo la premisa de la «transparencia». Es decir, según la ley, debe ser de conocimiento general la identidad de los comités que estudian y recomiendan acciones de salud pública, como la de las 12 personas que razonan ante las CCAA si éstas deben o no pasar de fases de desescalada y elevan su dictamen al Gobierno. (El Mundo) (La Razón)

Mientras España enviaba equipos de protección a seis países en 13 operaciones, el Gobierno compró 272,2 millones de unidades de mascarillas, guantes, batas y monos desechables. (La Razón) 

Illa da 4,2 millones de test rápidos que no sirven para diagnosticar. (El Economista)

El Gobierno de Pedro Sánchez realiza un pago de 5,6 millones en Suiza por material contra la Covid-19. Abona esta cantidad en Zúrich a una empresa especializada en cosmética con base logística en España por un millón de bastoncillos para recoger muestras y una decena de ventiladores. (El Mundo)

Mientras la mayoría de comunidades autónomas están dispuestas a dar el salto para iniciar su desescalada, el Ejército español se prepara para el peor de los escenarios: que la infección vuelva a poner al sistema sanitario contra las cuerdas. Si se cumplen las previsiones de los analistas militares, España padecerá dos oleadas más de esta pandemia y tardaremos entre un año y un año y medio más en alcanzar la normalidad. Los militares reclaman la geolocalización con el móvil para rastrear casos sospechosos en un informe interno. (ABC)

El pacto con Ciudadanos para la prórroga del decreto de alarma no implica que el PSOE vaya a cambiar de aliados —“no hay cambio de mayorías, somos un Gobierno progresista”, aseguró ayer la vicepresidenta primera, Carmen Calvo— pero sí abre una puerta que el Ejecutivo piensa explorar para ampliar apoyos —en La Moncloa se habla de nuevo de “geometría variable”— y al tiempo aislar al PP. El Gobierno trabaja en un acuerdo con los agentes sociales sobre los ERTE, que apoya Cs, para buscar el máximo de unidad y dejar en evidencia la posición del PP. El acuerdo con Ciudadanos de momento es puntual y se limita al estado de alarma y la desescalada. Pero implica que en los próximos días habrá mucho más contacto entre ambos grupos —ya lo ha habido en las últimas horas al máximo nivel, también entre los equipos técnicos— y este giro inquieta a algunos aliados de la investidura, en especial al PNV y ERC, que ayer mostraron sus recelos. (El País)

¿Qué pretende Ciudadanos en su segunda vida? Abrir un espacio entre el Partido Popular y el PSOE, presionar a Sánchez con propuestas liberales, acotar la influencia de Unidas Podemos, dialogar con el PNV sin ataques a la foralidad, aminorar el peso de ERC en el Congreso, mediar ante los liberales del centro y el norte de Europa, refractarios a la ayuda al sur de Europa. En pocas palabras, influir, mientras la crisis que nos aguarda se va decantando. Próxima estación: la comisión parlamentaria en la que se intentarán pactar unos Acuerdos de Reconstrucción que servirían de base para los presupuestos del 2021. Ciudadanos no tiene números para sustituir a UP como socio de gobierno, pero puede aprovecharse de la estéril entropía del independentismo catalán, en pelea electoral constante. (La Vanguardia)

Las piezas que José María Aznar ha colocado en el entorno de Pablo Casado vuelven a dar que hablar dentro del partido. Esta vez porque se las responsabiliza de inducir la decisión del líder popular de no apoyar la prórroga del estado de alarma. Los que fueran principales ideólogos del «aznarismo» han vuelto a la primera línea de influencia sobre el presidente nacional del partido, en algunos casos, con nombramientos en la estructura orgánica; en otros, desde la sombra. (La Razón)  (La Vanguardia) 

Pablo Montesinos (PP): "El Gobierno debe decir la verdad, tiene que explicar si va a pedir o no el rescate". (El Economista)

«Cuando pasen muchos años me gustaría escribir un libro sobre esto», decía ayer José María Álvarez-Pallete preguntado por EL MUNDO sobre las dificultades para cerrar la mayor operación de la historia de Telefónica en mitad de las restricciones determinadas por el confinamiento. Ángel Vilá, CEO de la compañía, responde al teléfono a este diario: «Estabas con 20 personas en videoconferencia y se empezaban a oír ladridos de un perro y a alguien de nuestro equipo se le colaba el hijo pidiéndole el móvil para jugar un rato. Además, hay un botón que permite ver quién es el que tiene el audio conectado», confiesa: «Con cada modificación de contrato, se suele hacer una nueva copia, así que con esta fusión hemos ahorrado mucho papel», prosigue: «También esta modalidad te obliga a ser ordenado. Sólo interviene el que tiene la cámara conectada. Eso sí, el lenguaje corporal desaparece cuando tienes las caras en recuadritos, y las reuniones se multiplican para cada punto a tratar. El modo remoto le quita liturgia». (El Mundo)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar (Madrid, 1965), sigue acudiendo a la oficina a trabajar pero asegura que está haciendo un esfuerzo extra para que la distancia física no se convierta en una distancia personal. “Saldremos de esta situación más vulnerables, pero también mas cercanos que nunca”, dice.  (Expansión)

El proceso de desescalada y la vuelta a la actividad van a venir acompañados en varios sectores de una drástica caída de los precios. Es el caso del comercio, las aerolíneas, el mercado inmobiliario o la energía, entre otros. Las empresas son conscientes de que una reducción de los márgenes, tras meses sin apenas ingresos, puede ser la puntilla para su cuenta de resultados, pero saben también que, en un momento en el que el paro se ha disparado y que hay una contracción del consumo sin precedentes, solo podrán reactivar su negocio si llevan a cabo fuertes descuentos. Las guerras de precios amenazan, además, con este movimiento los márgenes de rentabilidad de muchas compañías, lo que puede agravar en algunos casos la superviviencia de aquellas que presenten una mayor debilidad financiera. (El Economista)

El coronavirus está teniendo un altísimo coste para el mercado laboral con más de 5,5 millones de trabajadores afectados. En la radiografía realizada por EXPANSIÓN, restaurantes y textil son los sectores más afectados, mientras la asistencia en residencias es el que menos. (Expansión)

«El Gobierno está aprovechando el confinamiento para acabar con los centros de Educación Especial», afirma Julián Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCCE). «Quieren traspasar, en 10 años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios», remarcan desde la plataforma Inclusiva sí, Especial También. Esto supondría el cierre de los 477 centros de este tipo que hay en España, donde estudian 37.136 alumnos con necesidades especiales y que suponen el 0,45% del total de la población escolar. De forma paralela, hay 1,89 millones de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios (el 23,1% de la población escolar), a los que se adapta currículos y métodos de enseñanza. (ABC)

Todos los nuevos planes de estudios universitarios que se aprueben a partir de ahora deberán incluir de forma obligatoria enseñanzas relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres. Lo anunció ayer en el Congreso el ministro de Universidades, Manuel Castells, que dijo que por primera vez esta medida "será por ley", y lo concreta el borrador del Real Decreto por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, al que ha tenido acceso EL MUNDO. (El Mundo)