Nuevo esperpento del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras pactar con Bildu su abstención para la prórroga del estado de alarma, el PSOE firmó ayer la supresión “íntegra” e inmediata de la la reforma laboral del PP pero luego rectificó ambas cosas. Es decir, que PSOE, Podemos y la izquierda 'abertzale' llegaron al pleno del Congreso con el acuerdo cerrado, no lo anunciaron hasta su conclusión y tres horas después lo corrigieron anulando el punto del acuerdo que se comprometía a tumbarla en su totalidad y se refiere ahora solo a los aspectos más lesivos. El acuerdo tripartito se suscribe a cambio de “no obstaculizar” la prórroga del estado de alarma. Es decir, las tres formaciones implicadas han mantenido oculto el pacto al resto de la Cámara Baja. El objeto de esta manera nada transparente de proceder tenía como fondo evitar que el conocimiento del acuerdo pudiera truncar el apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, explica El Mundo. ¿Cómo se sentirán ahora los de Inés Arrimadas?
Y la Comisión Europea asume que la prioridad para España es atender la emergencia sanitaria, económica y social que ha causado la pandemia del coronavirus Covid-19, pero le advierte de que después deberá tomar las medidas fiscales necesarias para sanear las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad de su elevado volumen de deuda “a medio plazo”. Además, la Comisión Europea ha avisado que habrá un “claro vínculo” entre el cumplimiento de sus propuestas en salud, empleo y el apoyo a las empresas, con el acceso al fondo para la recuperación. En el caso español, Bruselas detalla una lista de peticiones para amortiguar el desajuste en el mercado laboral, con medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, e incentivos “eficaces” a la contratación. También reclama dar liquidez a las empresas, que el Estado no atrase pagos y mejorar la coordinación de las administraciones y más infraestructuras y medios para la sanidad pública.
Estas son las exclusivas del día:
La Fiscalía dice que el estado de alarma no basta para prohibir manifestaciones
El Ministerio Público ha fijado su posición sobre qué pautas deben seguir los fiscales en todo el territorio cuando tengan que informar sobre la prohibición o autorización de manifestaciones en el estado de alarma. La Fiscalía sostiene que la vigencia del estado de emergencia «no constituye por sí misma justificación jurídica apta y suficiente para la prohibición o propuesta de modificación de una reunión o manifestación». Se deberá analizar caso por caso y, para cada uno, ponderar los derechos fundamentales en juego. (El Mundo)
Un cargo de Podemos, el agitador de los antisistema en Alcorcón. Las caceroladas «son una vergüenza y deben pagar por ellas». El también teniente de alcalde, al que se le relaciona con los radicales, jalea las protestas. (La Razón)
Una asociación de guardias civiles ve un “abuso” el aumento de seguridad en el chalet de Pablo Iglesias
La UGC denuncia que se utiliza a los agentes como “escudo para el bienestar de un político” y reclama a Interior que justifique el incremento del dispositivo. El portavoz de la UGC, Francisco Javier Nodar, asegura a LA RAZÓN que el hecho de que “haya una mayor conflictividad no quiere decir que sea violenta o ponga en peligro la integridad de nadie”. (La Razón)
García Albiol (alcalde de Badalona) "Pablo Iglesias puede tener la tentación de instaurar un régimen como el de Maduro, pero los españoles lo impedirán"
García Albiol (alcalde de Badalona) "Pablo Iglesias puede tener la tentación de instaurar un régimen como el de Maduro, pero los españoles lo impedirán". (El Economista)
Una familia media gastará 230 euros al mes en mascarillas
Los mayores de seis años deben llevarlas ya hoy si no guardan una distancia de dos metros Las sanciones oscilan entre los 601 y los 30.000 euros mientras dure el estado de alarma. (La Razón)
Sánchez trocea Sanidad en plena crisis y le da la Agencia Alimentaria a Garzón
Traspasa a Consumo un ente clave para la protección de la salud, según dijo el PSOE en su creación. El PP pide su retorno ante el riesgo de que surjan alarmas ligadas a los alimentos con impacto sanitario grave. (La Razón)
La Generalitat Valenciana pidió al Gobierno pasar de fase sin tener ni los protocolos sanitarios
Centros de salud denuncian la falta de medios: hacen test del Covid-19 en la calle con un biombo. La información enviada al Ministerio de Sanidad no se correspondía con la realidad. (ABC)
El Gobierno materializa una compra de 56 millones al intermediario que le coló mascarillas defectuosas
El Gobierno ha materializado una nueva compra al intermediario que hace sólo unas semanas proporcionó un lote de más de 350.000 mascarillas defectuosas, que puso en riesgo la salud de miles de sanitarios españoles y que obligó a la Administración a retirarlas. En esta ocasión, se trata del desembolso de 56,2 millones de euros por la compra de tres millones de monos desechables. (El Mundo)
Autonomías presionan por la vuelta completa a las aulas
Varias comunidades planean que todos los alumnos de infantil y primaria vuelvan a la escuela a diario a partir de septiembre. Navarra y Canarias son las únicas que de momento lo anuncian abiertamente, e incluso estudian ampliarlo a cursos de etapas superiores, pero hay más autonomías trabajando en la misma dirección. Su razonamiento es parecido: el curso actual se está cerrando como se puede, pero el modelo de enseñanza online que ha habido que improvisar constituye un gran naufragio, sobre todo para los alumnos de las primeras etapas, y la desigualdad educativa se está disparando. Aunque no lo esgrimen como argumento, porque consideran que los dos anteriores son lo bastante concluyentes, algunos responsables autonómicos admiten, además, que sin la asistencia a clase de los niños que por edad no pueden quedarse solos en casa, sus padres difícilmente podrán ir a trabajar o buscar un empleo, lo que todavía complicará más la salida de la crisis económica. (El País)
Paolo Gentiloni: «Tuvimos Gran Depresión, Gran Recesión y debemos evitar hoy la Gran Fragmentación»
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, nunca ha ocultado lo que pensaba. Ni en Roma antes ni en Bruselas ahora. Reniega de la austeridad, de la terminología de las reformas condicionadas y de los fantasmas del pasado. No se moja sobre el tamaño que debe tener el Fondo de Recuperación que su jefa presentará la semana que viene, pero aplaude la propuesta francoalemana, pide ambición y promete en una entrevista con varios diarios europeos potencia de fuego: «fiscal, común y dinero de verdad». «No activamos sus cláusulas de emergencia porque tres o cuatro países estuvieran en crisis y no las cancelaremos si sólo mejoran tres o cuatro». (El Mundo)
El retraso en el pago de los ERTE pone contra las cuerdas a miles de familias
Los problemas en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), por fallos al rellenar los ficheros, atasco en las Administraciones o en las asesorías, están provocando que miles de trabajadores aún no hayan cobrado la prestación. Trabajo asegura que ha pagado 3,3 millones de ayudas en menos de 33 días. Cuando se avista ya el tercer mes del estado de alarma por el coronavirus, el daño a los bolsillos de cientos de miles de trabajadores son más y más sangrantes. (El País)
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estima que más de 900.000 trabajadores incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) no habían cobrado la prestación a mediados de mayo, por lo que “muchos llevan desde marzo sin ingresar ni un solo euro”. (El Economista)
El Gobierno levanta las restricciones al despido desde el 30 de junio
El Gobierno levanta las restricciones al despido desde el próximo 30 de junio. Así lo establece el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, que alargó la protección de los ERTE hasta el 30 de junio, y que también pone el 30 de junio como fecha final a la protección de los contratos temporales. Curiosamente esta decisión legislativa coincide en el tiempo con una negociación política entre el Gobierno y Bildu que puede suponer todo un vuelco a las relaciones laborales, haciendo mucho más restrictivo el despido: la derogación íntegra y urgente de la reforma laboral a la que se comprometieron ayer, lo que devolvería la situación de la indemnización por despido la situación de 2012, esto es, sensiblemente más caro que ahora. (Expansión)
España es el país de la UE que más trabas pone a la llegada de turistas
España es el segundo país más turístico de Europa, pero el que plantea más restricciones de movimiento interno y al turismo internacional. En el sector necesitan certezas y mensajes claros y reclaman al Gobierno que «ponga fecha a la llegada de turistas». «Necesitamos que se actúe de inmediato», solicita Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, de lo contrario Grecia, Italia y Portugal podrían captar parte de nuestro turismo. (El Mundo)
El gran comercio incorpora para las reaperturas a 50.000 empleos
Las grandes empresas de distribución sacan ya de Ertes a 50.000 empleados, la mitad de los que dejaron en suspenso, para reabrir los negocios. El Corte Inglés completa el lunes la reincorporción de 13.000 trabajadores. Las grandes empresas de distribución han empezado a sacar de forma progresiva a sus trabajadores de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte). A pesar de las incertiumbres existentes en los cambios de fase y las diferencias entre unas autonomías y otras, se calcula que a lo largo de esta semana se reincorporarán en el sector cerca de 50.000 trabajadores, aproximadamente la mitad de los que vieron suspendido su empleo. (El Economista)
Los fondos de capital riesgo sobrevuelan Línea Directa
Los fondos de capital riesgo (private equity) aguardan con interés el devenir de la salida a Bolsa de Línea Directa. Algunos de los fondos que invierten de forma más habitual en el sector financiero español se posicionan como potenciales compradores ante la posibilidad de que la filial aseguradora de Bankinter no pueda cumplir su plan de cotizar, dada la crisis bursátil a raíz de la Covid-19, indican fuentes financieras. (Expansión)
Fernando Vives (Garrigues): “Está siendo la etapa de trabajo más intensa de mi vida”
Al frente del bufete más grande de Europa continental, Fernando Vives (Madrid, 1962), presidente ejecutivo de Garrigues, sólo acude al despacho para cosas puntuales. Desde su domicilio, gestiona un negocio con más 2.150 empleados en todo el mundo, de los que casi 1.800 se encuentran en España, y que en menos de 24 horas pasaron de asistir a las oficinas de la firma a teletrabajar desde casa. (Expansión)
Marín votó en contra del dictamen de la CNMC sobre la ley del clima
La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que preside la vicepresidenta del organismo, María Fernández, aprobó el pasado 5 de marzo el dictamen preceptivo sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, un texto que el Consejo de Ministros remitió este martes a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El presidente, José María Marín Quemada, que lo es también de la segunda sala que conforma el organismo, la de Competencia, exigió que el informe fuese convalidado por el pleno, que también preside él. (Cinco Días)
Escándalo en Bolivia por el sobrecoste de material sanitario español
El escándalo de la compra a sobreprecio de respiradores españoles que no sirven para cuidados intensivos golpea directamente al Gobierno provisional de Jeanine Áñez. La Policía condujo ayer a Marcelo Navajas, ministro de Salud, a las instalaciones de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen, como implicado en la investigación. De momento, dos directores de Salud de su ministerio están encarcelados por la trama de corrupción. El ministro de Salud declara por la compra de 170 respiradores a una empresa catalana. Desde su despacho se asegura que Navajas se presentó de forma voluntaria, pero medios locales aseguran que permanece bajo custodia policial. (El Mundo)
