(Exclusivas de la prensa de papel 25/1/2024) Moncloa quiere antes los presupuestos que la amnistía

Los canales de comunicación ya están en marcha desde hace «varias semanas», según fuentes de los partidos nacionalistas. «En estos momentos seguimos conversando e intercambiando propuestas, pero a día de hoy aún no hemos llegado a un acuerdo para apoyar los PGE», señalan desde Bildu. «Ha habido contactos», afirman desde ERC. Desde el Ejecutivo también dicen que han iniciado «contactos» con Junts y tratan de dotar de normalidad ese diálogo. «No sería lógico que apoyáramos la investidura y luego no abriésemos la puerta a que el Gobierno tenga Presupuestos para desplegar las políticas sociales y económicas», es el mensaje de los socios del Ejecutivo. (El Mundo)

Estas posiciones enfrentadas hicieron que la negociación encallase y fuera necesaria esa cumbre telemática a tres bandas para desbloquear todo. Porque ante la negativa del PSOE a sacar el terrorismo de las excepciones a amnistiar –«No puede ser», fue el mensaje que se les trasladó–, los nacionalistas, según fuentes conocedoras de las negociaciones, llegaron a pedir que les exhibiera los informes jurídicos en los que se escudaban para excluir el terrorismo. Al no tener acceso a ellos, Junts trasladó que si no justificaban jurídicamente su posición, tenían que aceptarla. Los choques y fricciones han sido una constante en la negociación de la amnistía. La relación entre el PSOE y Junts es «incipiente», como admiten fuentes gubernamentales, y eso conlleva una buena dosis de desconfianza. (El Mundo)

Fuentes del Ministerio Público aseguran que estaban esperando a oficializar el nombramiento de García Ortiz para comenzar. (La Razón) 

La charla de Page, Moreno, Mazón y López Miras se produce después de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) haya propuesto crear un fondo complementario de nivelación de unos 3.000 millones de euros anuales aportados por entero con recursos del Estado para las cuatro CCAA infrafinanciadas. El debate abandona la economía y gira hacia la estricta actualidad política. En ese punto, un vídeo de Antena 3 aporta el audio exacto de las quejas de Page: «A mí están a punto, prácticamente, de extraditarme», dice sobre sus compañeros socialistas. «Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima, echar a todo dios que se le opone». En ese momento, Moreno se ofrece a protegerlo. (El Mundo)

El aumento de descalificaciones desde las filas populares contra el tribunal sirve de prólogo a su anunciado recurso contra la ley de amnistía. (El País)

"Estaba todo parado. Valoramos la importancia de este compromiso y de empezar a trabajar en las reformas que necesita la función pública", inciden desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Esto es, que todavía no se han comenzado a hablar de cifras o número concretos. Ni mucho menos. Pero el proceso, índice CSIF, está ya en marcha, y fuentes de Función Publica confirman los contactos. (El Mundo) 

Un juzgado de Madrid ha condenado al Ministerio de Presidencia a reconocer como indefinida a una trabajadora que llevaba 20 años encadenando contratos temporales en La Moncloa. Su tarea como «consejera técnica» consistía en elaborar informes del Departamento de Seguridad Nacional que se reportaban diariamente a, entre otros, el presidente del Gobierno. (El Mundo)

Funcas asegura que ocurre a pesar de que la preferencia sigue siendo la de comprar. (ABC)
 

Así aflora al publicar ahora la CNMV el análisis que hizo el 5 de abril. forzada por las autoridades de transparencia. Ferrovial había argumentado que necesitaba trasladar su sede a Países Bajos para poder cotizar en un plazo relativamente rápido en EEUU y la CNMV llegó a la conclusión de que tal argumento podía ser «plausible» El Gobierno omitió ese elemento clave. (El Mundo)

Trece años después y con el límite de 2027 en el horizonte, Sareb sigue intentando desaguar el ladrillo tóxico que dejó la burbuja inmobiliaria de principios de siglo en España. En las últimas semanas, el conocido como banco malo ha contactado con más de 520 ayuntamientos para ofrecerles la compra de 4.770 suelos con importantes descuentos para que puedan destinarlos a usos sociales como parques infantiles, centros de salud, aparcamientos y, en algunos casos concretos, también viviendas. (El Mundo)

Verónica Ollé, jefa de gabinete, modificó el plan inicial de contratación de 'Generación D' sin ofrecer explicaciones y privilegiando a varias productoras. (ABC)
 

Instalará su nuevo 'hub' europeo en el antiguo edificio de Telefónica. (La Vanguardia)

La Justicia quita deudas a empresarios arruinados por intentar salvar su negocio. El juez destaca la buena fe y aplica la Ley de Segunda Oportunidad para eximir a una empresaria de una deuda personal de 6,5 millones euros tras inyectar a su compañía esta cantidad con su patrimonio ante la crisis del Covid. (Expansión)

Binter se lanza a por el 20% de cuota de Air Europa entre Canarias y Madrid.

Las renovables evaporan 6.580 millones en Bolsa en tres semanas. 

Cataluña gestiona un 40% más de los fondos 'NextGen' que Madrid.

El recorte de la jornada supondrá un alza salarial en contratos parciales.

Las empresas cotizarán por los empleados con permiso paternal. 

Stellantis, Renault, VW y Mercedes elevan un 10% la producción.

Aprovecha un acto en Ferrol sin el PP para anunciar un nuevo buque de guerra que no es una prioridad militar. Hasta Sumar le acusa de «electoralista» por intentar arrogarse esta inversión de 439 millones de euros y 1.800 empleos. (ABC)
 

Las autoridades españolas se resisten a firmar el plan operativo propuesto por Frontex para 2024. (El País)

Peticiones de asilo. La crisis de Barajas desborda a Interior: 400 inmigrantes y montañas de basura. «La insalubridad es manifiesta», resuelve uno de los agentes que presta servicio en Barajas. (El Mundo)

El gobierno canario concluye que ocultó sus actividades privadas, que podían constituir conflicto de interés. (ABC)

Los responsables del centro en Sabadell cogen la baja en bloque y el Departamento de Educación pone provisionalmente al frente a dos inspectoras. (El País)
 

La madre del Instituto público de Calvià (Mallorca) que, junto a otras cuatro familias, ha pedido amparo al Govern balear para que la educación de sus hijos sea en lengua castellana en al menos un 25% de las materias, relata los motivos por los que decidió movilizarse. (El Mundo)