(Exclusivas de la prensa de papel 22/03/2021) El régimen cubano se infiltra en la extrema izquierda española y en los violentos CDR catalanes

Desde hace años el régimen comunista cubano realiza una intensa labor de activismo político e infiltración en la izquierda española, la ultraizquierda y muy especialmente en los grupos violentos independentistas catalanes y vascos, a través de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España (Facre), liderada por Gustavo de la Torre Morales. Las relaciones de este cubano, residente en España desde hace al menos una década, y su mano derecha, Ana Posada Lee –ambos al frente de la Asociación de Cubanos Residentes en Cataluña–, con la CUP, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y los Comités de Defensa de la República (CDR) son constantes y fluidas. Las más de cincuenta asociaciones de cubanos residentes en España, todas tuteladas por la dictadura castrista, dependen en última instancia de Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que en España funciona bajo el paraguas de la Asociación de Amistad Hispano Cubana ‘Bartolomé de las Casas’. González Llort, que visita regularmente España, pasó trece años en la cárcel en EE.UU. por espionaje: era el líder de la red Avispa, un grupo de cubanos infiltrados en EE.UU. que vigilaba a los opositores en Florida. En 2014 Obama lo intercambió por el ciudadano de EE.UU. detenido en Cuba Rolando Sarraff Trujillo. Para reforzar este entramado de activismo político-ideológico en suelo español, se ha incorporado Armando Rosendo Guerra Funcasta, llegado a nuestro país en febrero de 2020 procedente de Chile, donde fue primer secretario de la Embajada cubana en ese país y encargado de los asuntos políticos. Fuentes próximas al régimen cubano consultadas por ABC aseguran que Guerra Funcasta, nacido en Cuba y graduado por el Instituto Superior de la Inteligencia Adriana Corcho, es el verdadero «hombre fuerte de La Habana en España, una especie de comisario político de la Embajada, y nada importante se mueve en el edificio de Paseo de La Habana de Madrid, número 194, sin que él lo apruebe».  (ABC)

Contrariamente a lo que defiende el Gobierno de coalición, España se une a «la excepción, no a la regla» con la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. «Para nada estamos en la línea de la mayoría de los países europeos. Y tampoco estamos en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», recuerda a ABC la directora del Master de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, Marta Albert Márquez. Para Marta Albert Márquez, la «solución legislativa» planteada por los partidos del Gobierno de coalición «no es para nada como quiere presentarse en la exposición de motivos» de la ley. El texto defiende la nueva regulación de la eutanasia «como si España fuera el último país de Europa en legalizarla cuando es todo lo contrario». (ABC)

"¿Qué hubiera pasado si España hubiera tenido una colonia en Brighton y Reino Unido hubiera tenido la posibilidad de recuperarla con nuestra salida de la UE? A mí me preocupa Gibraltar porque es la única colonia que queda en Europa y una de las 17 que quedan en todo mundo. Pero sobre todo me preocupa como síntoma de la debilidad y la falta de fuerza de la idea de España. Tolerar una colonia en territorio español no es compatible con esa idea de España". (La Razón)

El Reino Unido quiere enviar a los solicitantes de asilo a la isla de Man, Ascensión o Gibraltar. El Gobierno de Boris Johnson se ha puesto como modelo de política migratoria la de Australia, con sus polémicos centros de detención en la isla de Nauru y en la de Manus. (La Vanguardia)

El Brexit desploma el comercio entre España y Reino Unido un 39%. El valor de los intercambios en enero se situó en 1.487 millones de euros, frente a los 2.433 millones de diciembre. Solo las exportaciones de coches resistieron el cambio. (Expansión)

La factura de la actual crisis permanecerá durante años en forma de déficit y deuda pública a pagar en las próximas décadas, todo un dilema generacional. La plana mayor de gobiernos han disparado su gasto en un momento en el que las reglas fiscales europeas han quedado en segundo plano ante la mayor crisis sanitaria y económica que se recuerda. Los corsés al déficit y la deuda se han suspendido en 2020, 2021 y, quizás, 2022, por lo que los países pueden incumplir los límites fiscales. Pero en algún momento las reglas volverán. Ante este escenario futuro en el que habrá que aprobar ajustes, la ley de Estabilidad recoge que la suspensión de los límites de déficit debe ir acompañada de un plan de reequilibrio «que permita la corrección del déficit estructural». Una hoja de ruta futura que el Ministerio de Hacienda rechaza aprobar, pese a que el Gobierno suspendió las reglas en otoño y la Ley le obliga a ello. (ABC)

Los datos de la Aeat –en espera del informe anual oficial– prevén una caída de la recaudación del 8,7% mientras que el PIB de la economía española cayó un 11% en 2020. La presión fiscal –el peso de la recaudación por parte del Estado respecto al PIB– de España cerró el año 2019 entre el 35,2% y el 35,4% según los datos de los diferentes organismos. La irrupción de la crisis del coronavirus el año pasado tumbó el PIB un 11%, 2,3 puntos por encima de las previsiones que mantiene ahora la Agencia Tributaria sobre recaudación. El mejor desarrollo recaudatorio podría situar el indicador sobre ese 37%. (El Economista)

Los alcaldes rebeldes vuelven a unirse contra el Ministerio de Hacienda para reclamar ayudas directas contra el coronavirus y que se les haga más partícipes de los fondos europeos. Los primeros ediles de 11 grandes ayuntamientos, que representan a 10 partidos, amenazan, además, con manifestarse ellos mismos en la puerta del Ministerio si María Jesús Montero no atiende exigencias. Además, demandan un fondo «incondicionado» de 1.000 millones de euros para sufragar el transporte público, ya que la falta de pasajeros y la inversión para adaptarlo a la pandemia ha dejado a numerosos consistorios al borde de la quiebra. (El Mundo)

Solo una de cada 12 empresas en España podrá beneficiarse de las ayudas directas por 7.000 millones de euros que ha aprobado el Gobierno, según cáculos de este diario con datos de Axesor y la Agencia Tributaria. Los requisitos son estrictos: solo cubren 95 de las 538 ramas de actividad y exigen que la sociedad fuera rentable en 2019. Apenas una de cada doce empresas podrá obtener las ayudas directas que ha aprobado el Gobierno, según estimaciones de EL PAÍS a partir de datos de Axesor, la Agencia Tributaria. (El País)

Hacienda limpia el censo para evitar el fraude con las empresas inactivas. (Cinco Días)

La ley paraliza el 20% de la compra 'online' con tarjeta. (El Economista)

Las críticas de la oposición al rescate de la aerolínea Plus Ultra se han centrado en sus vínculos con el régimen venezolano, pero hay otro hecho surrealista que destroza el discurso oficial del Gobierno de coalición sobre los paraísos fiscales. El pasado 22 de febrero, la vicepresidenta Nadia Calviño apoyó junto a sus homólogos europeos, con buen criterio, la confirmación de Panamá en la lista más negra de paraísos fiscales por su falta de cooperación con la UE para evitar evasiones. El 12 de marzo ella misma anunció que el plan de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas y autónomos no se concederán a los que operen en paraísos fiscales. Acertada decisión también. (El Mundo)

Según fuentes de EL MUNDO, Barroso será propuesto para la silla de Martínez, tras el pertinente visto bueno del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. El impulso para Barroso viene de Amber, pero el ejecutivo cuenta con el apoyo de otros socios fundamentales en Prisa, como es el caso de Telefónica (con un 9,44%), que renuncia a proponer consejero alguno pero sí sería favorable a Barroso, dada la línea directa que éste mantiene con el presidente ejecutivo del operador de telecomunicaciones, José María Álvarez-Pallete. (El Mundo)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, remitió a finales de febrero al Congreso del país un proyecto de ley para privatizar Correios. La medida forma parte del programa de privatizaciones de su Ejecutivo y tiene como objetivo facilitar una gestión de capital mixto en el operador postal. Mientras el Gobierno sondea a los interesados, el proyecto de ley inicia un trámite que incluye su paso por la Cámara Baja, el Senado y el Tribunal de Cuentas. La intención es completar el proceso antes de las elecciones presidenciales de 2022. Correos analiza con cautela la oferta brasileña, que le daría acceso a un mercado de unas 200 millones de personas y con grandes retos logísticos. Fuentes oficiales de la empresa se limitan a indicar que “Correos presta atención a todos los movimientos que se producen en el sector postal a nivel internacional, pero ni confirma ni desmiente informaciones en sentido alguno”. (Expansión)

Las devoluciones a los accionistas que perdieron toda su inversión tras la intervención del Popular en junio de 2017 quedan en el aire. La Audiencia Provincial de La Coruña ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para conocer si los exinversores del Popular tienen o no derecho a recuperar su dinero. (El Economista)

Santander Consumer Finance ha destinado 1.280 millones de euros a ampliar su negocio en 2020, un ejercicio dominado por la pandemia, lo que no ha impedido un impulso a su desarrollo. La filial europea de financiación al consumo de Santander disparó su inversión a través de ampliaciones de capital en cuatro filiales, hasta alcanzar 949 millones de euros. Esta cifra supone multiplicar por 13,5 veces los 71 millones destinados al mismo fin en 2019. Alemania acapara 756 millones de euros, con ampliaciones de capital en tres entidades que tienen su sede en el país centroeuropeo. (Expansión)

Sabadell y BBVA se han situado al frente de estas prácticas desde marzo del pasado año. La entidad que preside Josep Oliu se ha desprendido de tres carteras distintas por un valor nominal total de unos 1.250 millones de euros, mientras que la entidad presidida por Carlos Torres ha realizado una única operación de venta de una cartera valorada en 600 millones de euros. (Expansión)

Los dos bancos esperan contar con todos los permiso, incluido el de la Comisión de Competencia. (Cinco Días)

FCC proyecta crecer en servicios en EEUU, Reino Unido y Europa del Este. (Cinco Días)

Se adjudica por 40 millones un almacén de combustibles. (El Economista)

Ferrovie dello Stato Italiane (FS Italiane) se ha convertido en uno de los grandes jugadores del transporte de viajeros y de la movilidad en Europa. La corporación pública, a través de la filial Trenitalia, competirá con Renfe en el AVE a partir de 2022 a través de Ilsa, donde comparte accionariado con Air Nostrum. FS, fortalecida tras ochos años compitiendo en alta velocidad en Italia con el grupo privado NTV, quiere exportar a España su experiencia que, en 2019, le llevó a una facturación récord de 12.435 millones y a un beneficio histórico de 584 millones. (Expansión)

El PP lograría 55 escaños, fagocita a Cs y se queda al borde de la mayoría absoluta si suma los 12 diputados de Vox. Iglesias resucita a Podemos pero no lograría ni desbancar a Más Madrid ni investir a Gabilondo. (La Razón)

Catorce meses y 14 'suspensos': así huye Pablo Iglesias a Madrid. El vicepresidente deja poco legado e imagen de poco trabajo. Y la amenaza de romper el pacto. (El Economista)

A la pandemia sanitaria, económica, social y hasta política hay que añadirle un apellido: demográfica. Al segundo país de la UE y uno de los del mundo con menor natalidad sólo le faltaba un virus y una crisis para disminuir su descendencia y envejecer su futuro: en noviembre, diciembre y enero han nacido en España un 17% menos de personas, un mayúsculo porcentaje a la baja. En ese trimestre nacieron los niños y las niñas concebidos en marzo, abril y mayo, los dos primeros meses y medio del confinamiento: 15.068 nacimientos menos que en los noviembre, diciembre y enero de antes del Covid y su onda expansiva. (El Mundo)

Provienen de Sudáfrica, Brasil, Nigeria, California, Nueva York y Portugal. En muchos de los casos Sanidad no encuentra vínculo con el país de origen, lo que indicaría transmisión comunitaria. (La Razón)

Merkel frena la avalancha balear. La fábrica alemana del turismo en las Islas Baleares se ha puesto en marcha de cara a la Semana Santa, una vez el ministerio de Asuntos Exteriores, presionado por los grandes consorcios turísticos, sacara al archipiélago de la relación de zonas de riesgo de Covid-19. La canciller Angela Merkel y los ministros presidentes regionales mantienen sin embargo la recomendación de no viajar ante la amenaza de una nueva ola de contagios. Pinchan así lo que se prevé será un pequeño balón de oxigeno y que el sector turístico alemán exige para sí. De la reunión que Merkel mantendrá hoy con los länder se espera incluso la extensión de las restricciones en vigor desde el pasado noviembre hasta finales de abril y entre estas figura el cierre de alojamientos hoteleros, bares y restaurantes. (El Mundo)

David Nabarro, candidato a presidir la Organización Mundial de la Salud (OMS): «Los casos van y vienen, pero no eliminan el virus». (El Mundo)

El Pleno que celebrará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el próximo jueves lo hará ya con la aprobación por parte del Senado de la reforma que limitará sus competencias cuando esté en funciones y que le impedirá realizar nombramientos discrecionales desde el mismo momento en que haya vencido su mandato. De hecho, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la Cámara Alta da luz verde a esa reforma y con ello se podrá publicar ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría suceder curiosamente el mismo día que celebre la sesión plenaria el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. (La Razón)

El CGPJ renuncia a hacer más nombramientos ante la inminente limitación de sus funciones. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, los vocales, en sintonía con el presidente, han renunciado a llevar al Pleno del próximo jueves más designaciones de magistrados del Tribunal Supremo después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La citada reforma legal será previsiblemente aprobada por el Pleno del Senado de forma definitiva esta misma semana. No obstante, este hecho no significa que en el órgano de gobierno de los jueces haya disminuido el profundo malestar existente por las formas empleadas por el PSOE y Unidas Podemos para llevar a cabo la limitación de funciones de la institución. Es decir, sin recabar la opinión del propio Consejo, de Europa y del resto de operadores pese a las reiteradas peticiones del Poder Judicial para que la reforma de la LOPJ se hiciera con un amplio debate que implicara al tercer poder del Estado o, de lo contrario, se pondría «en riesgo la separación de poderes» en nuestro país. (El Mundo)

La Unión Europea inicia hoy un intento de acercamiento hacia Turquía tras un año de encontronazos constantes. Los 27 quieren lanzar una oferta de reconciliación al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que permita recobrar la convivencia con un vecino y aliado imprescindible. El plan incluye ampliar la financiación del acuerdo migratorio con Ankara, que ha supuesto ya 6.000 millones de euros para atender a los cuatro millones de refugiados establecidos en suelo turco, según señalan la Comisión Europea y el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, en un documento aún confidencial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que se presentará en la cumbre europea de esta semana. (El País)